TSJPV desestima el recurso de ErNE para que Gobierno vasco tramite el desarrollo de la carrera profesional en Ertzaintza

El Tribunal Superior de Justicial del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por ErNE contra el actual Gobierno vasco para exigirle la tramitación y aprobación del desarrollo de la carrera profesional en la Ertzaintza que el anterior consejero de Interior, Rodolfo Ares, pactó con los sindicatos ErNE y ESAN en la anterior legislatura.

El Tribunal Superior de Justicial del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por ErNE contra el actual Gobierno vasco para exigirle la tramitación y aprobación del desarrollo de la carrera profesional en la Ertzaintza que el anterior consejero de Interior, Rodolfo Ares, pactó con los sindicatos ErNE y ESAN en la anterior legislatura.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la sentencia, fechada el pasado 4 de junio, zanja definitivamente la cuestión e impone las costas al sindicato recurrente.

El departamento ha recordado que el 12 de agosto de 2011, el entonces responsable del Departamento de Interior, Rodolfo Ares, pactó con los sindicatos ErNE y ESAN la llamada "carrera profesional" en la Ertzaintza. "Una carrera que, según los cálculos realizados en aquella fecha, ya conllevaba un gasto de 50 millones de euros a lo largo de cuatro años", ha precisado.

Una vez rubricado el acuerdo, lo pactado debía incluirse en una norma con rango de ley. Seguridad ha señalado que tuvo que pasar más de un año para que el proyecto de Ley de Policía Vasca tramitada por el Ejecutivo socialista incluyera la previsión sobre la carrera profesional "que, sin embargo, decayó al convocar Patxi López elecciones anticipadas en octubre de 2012".

ErNE demandó hace cuatro meses judicialmente al actual Gobierno vasco para exigir que se tramitara el acuerdo sobre la carrera profesional. La sentencia del TSJPV zanja definitivamente la cuestión, impone las costas al sindicato recurrente y determina que el Ejecutivo del PNV no está obligado a tramitar el sistema de carrera profesional pactado en la pasada legislatura.

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