El juez Pablo Ruz se ha negado a archivar el caso del ataque de Israel contra la Flotilla de Libertad de Gaza en 2010 y lo ha remitido al Tribunal Supremo para que diga si Israel o Turquía ya investigan estos hechos, aunque de no ser así se inclina por llevarlo a la Corte Penal Internacional (CPI).

Ruz abrió una investigación sobre este ataque, realizado el 31 de mayo de 2010 por las autoridades israelíes a una flotilla humanitaria que pretendía llevar ayuda a la Franja de Gaza, a raíz de una querella presentada por dos cooperantes españoles que viajaban en uno de los barcos, el Mavi Mármara, y fueron arrestados por soldados israelíes y deportados a España.

En un auto, Ruz sostiene que, a pesar de la limitación de la justicia universal aprobada por el Gobierno, él es competente para investigar estos hechos porque prevalece el Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra suscrito por España, que "impone con carácter imperativo" a las partes juzgar en sus tribunales a los sospechosos de crímenes de guerra.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional recuerda que los tribunales españoles solo podrían investigar el ataque si los países afectados no lo hacen, y en este caso tanto Turquía -el barco en el que se produjeron los hechos más graves estaba registrado en este país- como Israel -país de nacionalidad de los querellados- le han asegurado que han abierto investigaciones.

En concreto, Israel le ha contestado que ningún ciudadano español sufrió daños físicos en el ataque y que se han abierto varias investigaciones: una comisión pública independiente, las fuerzas de defensa han elaborado un informe remitido a un panel de expertos militares, un procedimiento en el Tribunal Supremo de Israel y han colaborado con el Comité de Investigación de Naciones Unidas.

En cuanto a Turquía, le ha remitido la investigación que lleva el juzgado de lo penal número 7 de Estambul respecto al ataque al buque Mavi Mármara, en el que se produjeron los hechos más grave con la muerte de nueve ciudadanos turcos.

En este proceso figura querellado Eliézer Alfred Marom, comandante en jefe de la Armada israelí en ese momento, y aparecen como víctimas los españoles que presentaron la querella en la Audiencia Nacional. Por ello, el juez ha remitido la información obtenida a través de comisiones rogatorias a esos países al Supremo, cuya sala segunda debe decidir si esas investigaciones son efectivas.

En el caso de que el Supremo no les dé validez, Ruz es partidario de remitir el caso al Gobierno español para que active el procedimiento de denuncia ante la Corte Penal Internacional, "considerando éste el procedimiento más acorde con la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas", sostiene el juez.

La CPI sería competente para juzgar estos hechos, indica, ya que el barco Mavi Mármara tenía bandera de las Islas Comoras, que suscribió el tratado de adhesión al tribunal internacional.

En esta causa, el juez investiga los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura contra las autoridades israelíes por el asalto armado que comandos de ese país lanzaron contra una flota de ayuda a Gaza, que se saldó con nueve muertos, todos ellos turcos.

La querella que instruye el juez Ruz es también contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el actual ministro de Defensa, Moshe Ya'alon; los exministros de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, Ehud Barack, Avignor Lierberman y Eli Yishai; el exministro sin cartera Benny Begin, así como el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom