Los sindicatos UGT, CC.OO y CIG han convocado manifestaciones para el día 30 de junio en toda Galicia para denunciar la "represión" y "criminalización" que reciben los ciudadanos por parte del Estado al protestar contra las "políticas de austericidio" y de "recortes sociales y laborales" que, a su juicio, está perpetrando la Administración estatal.

Bajo el lema 'Defender los derechos de la clase trabajadora no es un delito', las centras sindicales han llamado a la ciudadanía a manifestarse a partir de las 20,00 horas del 30 de junio en las siete grandes ciudades gallegas, además de en Monforte y Viveiro (Lugo) —también valoran convocar protestas en Vilagarcía—.

En la rueda de prensa, el secretario general de CC.OO en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, ha recordado una frase de Carrero Blanco que, en su opinión, se está produciendo en la actualidad. "Un conflicto laboral es siempre un problema de orden público. La autoridad gobernativa debe hacer, por tanto, cuanto sea necesario para evitar que se produzca", ha expresado justo antes de remarcar que a "estos tiempos y a estas prácticas" se intenta retrotraer a la sociedad.

En este sentido, ha destacado que en España, actualmente, hay "más de 200 personas" que "están inmersas en procedimientos" judiciales. Y es que ha señalado que éstos han sido abiertos a representantes y dirigentes de sindicatos por parte del Estado y del Ministerio Fiscal.

Cuatro personas en galicia

En esta misma línea, ha incidido en que en Galicia hay a cuatro personas que se encuentran en esta situación, dos en Vigo y dos en Pontevedra. Todos ellos han sido condenados, con sentencias firmes, a más de tres años de prisión, ha recordado Sánchez Aguión.

Asimismo, ha indicado que los procesos de indulto han sido solicitados, aunque han sido "denegados en primera instancia" en el caso de los dos hombres de Vigo. En concreto, corresponde al Consello de Ministros decidir el indulto de estas personas.

Ante este hecho, Sánchez Aguión espera que este organismo tenga la "sensibilidad" de evitar que estas cuatro personas vayan a la cárcel por "defender sus derechos", los de la "clase trabajadora" y los de "sus compañeros". "Esto es una auténtica barbaridad, una auténtica injusticia", ha sentenciado.

"no cometieron ningún delito"

También presente en el acto, el secretario general de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, ha remarcado que los compañeros acusados y condenados "no cometieron ningún delito" ni "ningún tipo de violencia". "Simplemente por haber sido identificados en un tumulto son condenados a tres años de cadena", ha lamentado.

Por ello, sostiene que el Gobierno debe concederles el indulto y ha recordado que tiene el "apoyo" del Parlamento de Galicia y de multitud de ayuntamientos. "Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros", ha destacado.

Por su parte, Aguión ha subrayado que los sindicalistas no se "ocultan". "No utilizamos pasamontañas, vamos de cara y vamos utilizando un derecho fundamental, derecho que reconoce nuestra Constitución, que es el derecho de manifestación y el derecho de huelga", ha acentuado.

Sobre esto, ha asegurado que, desde el Estado, se pretende "desprestigiar" el derecho a la huelga como antesala para "desvirtuar e impedir" su ejercicio.

Culpa a los ministros de interior y justicia

Así las cosas, ha culpado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y a su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, de utilizar el Código Penal "desde el punto de vista más restrictivo". Así, esto supone para Sánchez Aguión una "carga de profundidad contra el sindicalismo" y contra los "movimientos sociales".

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostenga que "España es una democracia plena y consolidada". Y es que el secretario general de CC.OOO. ha defendido que los que está haciendo el PP es "caparla", en el sentido de "recortes de derechos".

Por su parte, el secretario general de CIG, Xesús Seixo, ha hecho hincapié en que existe una "campaña de represión del movimiento obrero" por parte del Gobierno. En este sentido, ha lamentado que este utilice a la Fiscalía y a aquellos jueces que son "más próximos".

"No es casual que sea en estos momentos cuando empiezan a aparecer las condenas más duras contra los trabajadores que participen en los piquetes", ha sentenciado Seixo.

"matar las dos armas fundamentales"

De esta manera, ha denunciado que la Administración autonómica intente "matar las dos armas fundamentales" que tiene la "clase trabajadora" para "defenderse", que son la "negociación colectiva" y el "derecho a la huelga".

Ante esto, ha censurado que, en lo que respecta a la justicia, "hay dos varas de medir". Para ilustrar esto, ha remarcado el "carácter de clase" que, a su juicio, tiene el Código Penal.