Un tema "muy complejo" y una documentación "voluminosa" son las razones esgrimidas por fuentes del Tribunal Supremo para explicar por qué no ha resuelto este martes sus deliberaciones sobre los siete recursos presentados contra las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. El Alto Tribunal se ha reunido este lunes para estudiar el expediente, pero sus miembros no han tomado todavía decisión alguna ante la amplitud de hechos a considerar, según han explicado las mismas fuentes, y por ello volverán a reunirse mañana.

Es la Sección III de la Sala III del TS la que debe pronunciarse sobre los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el gobierno autonómico de Canarias, Ecologistas en Acción Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida.

Repsol obtuvo los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos del archipiélago canario en 2001, pero en su día fue la misma instancia judicial la que los anuló por carecer de las precauciones ambientales exigidas por ley.

El pasado 29 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió una nueva autorización para sondeos exploratorios mostrándose favorable a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del actual proyecto de la multinacional española Repsol.

Los expertos de Repsol creen que, bajo las aguas que separan Canarias de la costa marroquí existen reservas de hidrocarburos suficientes como para satisfacer el 10% del consumo de crudo en España. Este martes el Boletín Oficial del Estado ha publicado la DIA, un documento de 41 folios que examina los riesgos asociados a la actividad y plantea un hipotético siniestro durante la perforación.

Repsol describe como "peor escenario" el derrame producido por descontrol del pozo sin medidas correctoras, que podría esparcir al mar 3.000 barriles de crudo diarios con Fuerteventura como la isla más afectada, si bien esta probabilidad es "muy pequeña, de 0,0000282 unidades". Incluso en ese caso, el archipiélago recibiría apenas un 5,85% del vertido mientras que Marruecos sufriría la llegada del 26,2%, según la compañía petrolera.

Esta opinión no es compartida por instituciones y organizaciones canarias, para las que el riesgo real es mucho mayor según explican en los recursos presentados ante el TS, donde advierten de que las exploraciones petrolíferas podrían causar "graves impactos" sobre Fuerteventura y Lanzarote, ambas declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO. La afluencia de crudo afectaría también a especies amenazadas y muy vulnerables como tortugas y cetáceos, además de repercutir negativamente sobre la actividad turística y pesquera.

Las fuentes del Supremo han recordado que la deliberación sobre los recursos ya se pospuso el pasado mes de abril debido a que tanto el cabildo de Fuerteventura como Repsol solicitaron la inclusión de pruebas documentales, algunas de las cuales resultaron aceptadas. Este lunes, el mismo cabildo ha insistido en un comunicado en que la DIA no recoge medidas obligatorias, sino simples recomendaciones ante el riesgo de contaminación por accidente, dejando la actuación en caso de peligro a criterio de la multinacional petrolera.

El organismo majorero recuerda que la legislación española obliga al Ministerio a definir "claramente" las condiciones para una adecuada protección del medioambiente.

Mientras tanto, el cabildo de Gran Canaria ha confirmado que la institución albergará el próximo 23 de junio el pleno extraordinario solicitado por el PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria para debatir sobre este problema. Los grupos de oposición propondrán a esta institución el rechazo de la autorización concedida a Repsol, la denuncia de "opacidad y falta de transparencia" del proceso y la "deslealtad y falta de respeto" con que a su juicio se ha comportado el gobierno central respecto a Canarias.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el popular Juan José Cardona, ha contestado acusando a su vez al presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), de "falta de seriedad" por diseminar "información absolutamente contaminada y tendenciosa" por "razones políticas e intereses electoralistas".