El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, ha recibido este martes, de manos del delegado sindical de UGT en Laboratorios Pérez Giménez, José Ruiz, una copia de la notificación de embargo, por deudas que suman 2,7 millones de euros, planteado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra las cuentas de la farmacéutica que controla el juzgado, el cual no tenía comunicación oficial al respecto, razón por la que le pedirá un informe a la TGSS.

Así se lo ha anunciado el propio juez a los representantes sindicales y a un grupo de trabajadores de los laboratorios, con los que se ha reunido este martes en el juzgado, a los que ha asegurado que va a pedir inmediatamente "un informe" a la TGSS para que justifique el embargo que pretende sobre las cuentas de la empresa concursada y así conocer si el mismo "se ajusta al ordenamiento jurídico", pues, en caso contrario, lo cual no descarta, dictará una resolución instando al levantamiento del embargo.

Por otro lado y a petición de una de las trabajadoras de Pérez Giménez, que se han concentrado ante el juzgado, Fernando Caballero ha dicho que le parece "razonable", por su "lógica" y posible encaje en el ordenamiento jurídico, que el millón de euros que ya ha depositado como fianza en el juzgado la empresa a la que el propio juez ha adjudicado los laboratorios, Global Aeronautic, pueda servir para pagar alguna de las hasta 22 nóminas que se les adeudan a los empleados, que están viviendo situaciones "dramáticas", según han asegurado, pues tampoco cobran prestación alguna.

No obstante, el juez le ha aclarado a dicha trabajadora que esa solicitud deben presentarla por escrito sus representantes sindicales, a los que ha pedido durante la reunión, dado que aún tiene que resolver sobre ello, que no le hicieran ninguna petición o comentario de palabra sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) extintitivo para 111 de los 151 empleados de los laboratorios, cuya negociación entre el comité de empresa y los administradores concursales concluyó sin acuerdo este lunes.

Ante las críticas que los sindicalistas y trabajadores de la farmacéutica han hecho a la actitud y a la falta de interés de los administradores concursales, en general, y en particular respecto al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que demandan los sindicatos para la plantilla, el juez ha indicado que él, para no perder su imparcialidad, no puede asesorar a los trabajadores sobre si pueden adoptar alguna medida o no contra los concursales.

En cuanto al proceso de negociación del ERE o su demanda de que se apruebe un ERTE, ha conminado a los representantes sindicales a que planteen "por escrito las alegaciones" que consideren oportunas, teniendo en cuenta que en el juzgado aún no se ha recibido el informe correspondiente de los administradores concursales y que "la autoridad laboral", en este caso la Junta de Andalucía, también tendrá que informar sobre la solicitud de ERE que presenten los concursales.

Con posterioridad a esta reunión con el titular del Juzgado de lo Mercantil número uno, los responsables sindicales de UGT, José Ruiz, y de CTA, Francisco Moro, han explicado a los periodistas que adoptarán las medidas que estén a su alcance contra la aplicación del ERE extintito, al que no le ven sentido, dado que todavía pueden pasar meses hasta que se formalice la venta de la empresa (con la firma de escrituras) al nuevo inversor, con el que no han logrado contactar y del que desconocen cuáles son sus planes concretos para los laboratorios, más allá de su oferta de compra por once millones de euros y de mantener a 40 trabajadores.

Por otro lado, los sindicalistas temen que la Audiencia Provincial de Córdoba haya podido dictar el levantamiento de las medidas cautelares fijadas en su día por el Juzgado de lo Mercantil contra quienes gestionaron los laboratorios en los dos años anteriores a su entrada en concurso de acreedores. Entendió en su momento Fernando Caballero que los anteriores gestores tienen que responder económicamente por su mala praxis empresarial por valor de 4,5 millones, por 1,8 millones y por dos millones de euros, según cada caso.