El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha afirmado que "muchas" de las modificaciones de contratos de las obras del AVE entre Madrid y Barcelona que se hicieron entre 2002 y 2008 "no cumplían los requisitos exigidos en la normativa", ya sea porque se calificaban como "causas imprevistas" cuestiones que ya se conocían con antelación o bien porque se calificaron como "obras complementarias el que eran modificaciones del objeto de los contratos".

En su informe fiscalización de las contrataciones de la obra, presentado este martes en el Congreso, un mes después de la detención de diez personas por irregularidades en el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat, recoge que el 81,7% de la inversión correspondió a 646 contratos de ejecución de obras que se adjudicaron por 5.406 millones de euros pero que finalmente acabaron costando 7.326 millones, un 35,51% más. Por estos contratos, se autorizaron 555 prórrogas y ampliaciones de plazo por un periodo mediano de 4,5 meses por expediente. El coste medio por kilómetro acabó siendo de 14,4 millones de euros.

El 31% de los contratos adjudicados durante el periodo fiscalizado, según el informe, corresponden a 365 contratos de obra principal adjudicados por un importe de 2.029 millones de euros, que tenían que suponer un ahorro del 9,2%. Sin embargo, el ahorro inicial en el precio de licitación se transformó en un sobrecoste del 35,8% respecto al previsto inicialmente.

El Tribunal de Cuentas atribuye este sobrecoste a que, durante la ejecución de las obras, se formalizaron 69 modificaciones de contratos y se adjudicaron 14 contratos de obras complementarias y ocho de obras de emergencia que, junto con las revisiones de precios y las liquidaciones adicionales, "elevaron el coste total de las obras inicialmente contratadas a 3.036 millones", reza el informe.

En este sentido, el informe critica la actuación del presidente del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) —el organismo que había antes de Adif— y dice que hizo un "uso abusivo" de la facultad que tenía para iniciar expedientes de obra por motivos de urgencia, una urgencia que se vio en todas las contrataciones y que en cambio "no se ha podido apreciar". Con este procedimiento, destaca el tribunal, no se tenía en cuenta el consejo de administración, que era el órgano que solía hacerse cargo de la contratación.

Asimismo, Álvarez de Miranda ha asegurado que las recomendaciones aportadas por el propio tribunal y la Comisión Mixta para el proyecto ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Barcelona no fueron tenidas en cuenta. Éstas, que se incluían en los informes de fiscalización del periodo 1999-2000 y del ejercicio 2001, pedían que los proyectos básicos contaran con el detalle suficiente que permitiera anticipar el inicio de los trámites expropiatorios de los terrenos.

De hecho, el plazo de inicio de las obras se retrasa en el 30% de los contratos, de forma que el retraso medio era de 7 meses desde la firma del contrato. En algunos casos, como en el tramo entre Santa Coloma de Cervelló y Sant Joan Despí y en el tramo Martorell-Riu Llobregat (Barcelona), el retraso fue de 30 meses. Según ha explicado Álvarez de Miranda, en muchos casos las demoras se deben al hecho que se iniciaron los trámites de licitación sin haber empezado las expropiaciones de los terrenos afectados.

También se recomendaba solventar las deficiencias de los proyectos constructivos para evitar paralizaciones de las obras sin realizar modificaciones, y que se redujeran los plazos y se evitasen las prórrogas y modificaciones de los plazos sin la debida motivación técnica, tal y como ha indicado durante su intervención en la Comisión Mixta.

Con respecto a los contratos de consultoría y asistencia técnica, el informe destaca el papel de Tifsa, participada en un 62% por Adif. De los 171 contratos adjudicados por 219 millones, Tifsa ganó en 62 ocasiones por 84 millones y logró otros 3 contratos en los que participaba en una UTE por 16 millones. El 45,8% del importe total de estos contratos se adjudicó a Tifsa y el 81% de los mismos fueron contratos directos. Tifsa se beneficiaba de los contratos adjudicados por Ineco y por Adif a pesar de que no podía acudir a las licitaciones de su matriz, ha subrayado.

El texto hace especial mención de seis contratos de obras que representan el 10% del valor total adjudicado, por los cuales se aprobaron hasta dos modificaciones. Entre estos seis hay el contrato para el tramo el Hospitalet-La Torrassa, en el cual se modificó un contrato, se realizaron cinco obras de emergencia y se superó en un 221,6% el precio de adjudicación del contrato principal.

En relación a este contrato, Adif tiene pendientes de cobrar 34,2 millones de euros por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, en los que participaba OHL, después de que un juzgado responsabilizara la UTE del incidente que dio lugar a las obras de emergencia. Sin embargo, "no se tiene constancia de la recuperación efectiva de esa cantidad". Adif descontó 26 millones a la UTE por cantidades pendientes y el resto está pendiente de que se resuelva el recurso presentado por las empresas.

En respuesta a las preguntas de los diputados, el presidente del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el número de viajeros ha quedado por debajo de las estimaciones hechas en un principio y ha argumentado que en aquellos momentos "la crisis económica no estaba presente y no se lo esperaba". Por otro lado, Álvarez de Miranda ha asegurado que no es competencia del Tribunal de Cuentas analizar "las decisiones políticas" que implican elegir en que se gastan el dinero público, y ha reconocido que no se han abordado las posibles responsabilidades penales, cuestiones que podrían tratase en el futuro en un informe complementario sobre el resto del proyecto.