Un arma decomisada dentro de una prisión, lo que se llama 'pincho carcelario'
Un arma decomisada dentro de una prisión, lo que se llama 'pincho carcelario'. ARCHIVO

Una nariz rota, literalmente rota. Un funcionario de la prisión de Castellón II fue agredido brutalmente a finales de abril en el patio de la cárcel, después de que cacheara a un interno y le encontrara un sobre con un polvo blanco. El recluso se revolvió y le propinó un puñetazo. Días antes, el 12 de abril, varios funcionarios intentaron separar a varios presos que participaban en una pelea en uno de los patios del centro de Las Palmas II, armados con 'pinchos carcelarios' y una 'honda' (una lata dentro de un calcetín). Un funcionario quedó tendido en suelo, con varios golpes en las costillas e importantes mordeduras, lo que obligó a activar el protocolo de accidente bacteriológico.

El 4 de mayo, dos reclusos armados con un cuchillo secuestraron durante unos minutos a un funcionario para intentar comenzar un pequeño motín en su módulo de la prisión de Huelva. El secuestrado fue rescatado en pocos minutos por varios compañeros, herido leve. A finales de marzo, un preso de origen israelí recluido en el módulo 13 de la prisión de Córdoba, arrancó una barra de hierro de una de las porterías de fútbol y atacó los cristales blindados del búnker que utilizan los funcionarios. Varios trabajadores resultaron heridos al querer reducirle. El 28 de mayo, un preso muy peligroso, con 20 antecedentes de agresiones a sus espaldas, le dio un cabezazo a un funcionario de la prisión de Valdemoro (Madrid), rompiéndole el labio, la nariz, un diente y provocándole una lesión craneal y otra cervical... Entre la última semana de junio y la primera de mayo un interno de la prisión de Teixeiro (A Coruña) consigue incendiar en dos ocasiones su celda y agredir a cuatro funcionarios, cortándole a uno de ellos la cara con un hierro de su cama...

A partir de 2007 los sindicatos empezaron a contabilizar las agresiones, ya que la Administración dejó de desglosarlos La lista de agresiones es interminable. Una cada dos días. Entre 2003 y 2013 (ambos años inclusive) los funcionarios de prisiones han sufrido 2.882 ataques, cifra que se queda pequeña porque no están contabilizadas todas las agresiones, ya que la estadística solo es oficial entre 2003 y 2006. A partir de 2007 fueron los principales sindicatos, Acaip y CSIF-Prisiones, quienes empezaron a recabar estos datos porque la Administración dejó de hacerlos públicos, por lo que el listado puede ser incompleto, avisan los sindicatos. La tendencia ha sido creciente. Si en 2003 hubo 220 agresiones, en 2005 la cifra subió a 255. Volvió a subir en 2008 a 275, y en 2010 a 323. En el último año, 2013, hubo 329 agresiones, un 49% más que hace diez años. El número de agresiones contabiliza el ataque de un interno o grupo de internos a un funcionario o grupo de funcionarios. Por eso el número de agresiones es siempre menor al de funcionarios atacados. Por ejemplo, en 2013 hubo 329 agresiones con 480 trabajadores heridos. Son datos referidos a toda España, salvo Cataluña, que tiene las competencias transferidas.

Instituciones Penitenciarias dejó de contabilizar las agresiones en 2006. Hasta entonces las catalogaba incluso en tres tipos: muy graves, graves y leves. Pero a partir de 2007 la transparencia brilla por su ausencia. "A partir de 2007 algunos datos se dispersan para tener un menor conocimiento sobre la conflictividad de las prisiones. Nos encontramos con que las muertes de presos son recogidas en un boletín epidemiológico y en las memorias anuales del Defensor del Pueblo", explican desde Acaip. Respecto a las agresiones a funcionarios, estas se recogen en la "memoria de coordinación de riesgos laborales", donde se supone que están incluidas en el apartado "accidentes de trabajo", sin que se diferencie el número de agresiones y el número de funcionarios afectados. "Hemos realizado distintas preguntas parlamentarias a través de distintos grupos y hasta ahora la Administración penitenciaria se ha negado a contestar", sentencian desde Acaip. Es curioso que el Informe General de Instituciones Penitenciarias (el último es el de 2012) si ofrezca datos sobre los expedientes disciplinarios abiertos a funcionarios, pero no el número de agresiones sufridas por los mismos por parte de internos.

Accidente biológicos

Entre 2007 y 2013 el sindicato CSIF contabilizó 5.912 accidentes laborales, de los que 1.994 fueron agresiones. En ese periodo más de 7.000 funcionarios sufrieron algún tipo de accidente, lo que supone el 30% de la plantilla. Entre esos accidentes el 33,7% son agresiones, pero la Administración no las distingue, por eso los sindicatos han empezado a contabilizar de la mejor manera posible todas las agresiones. También son reseñables los accidentes biológicos, que suponen riesgo de contagio para los funcionarios que trabajan con una población reclusa con altas tasas de enfermedad. En 2012 hubo 83 accidentes, y en 2013 subió a 86.

El sindicato CSIF denuncia que la prevención "sigue siendo una de las asignaturas pendientes" y pide un plan integral de actuación y prevención. "Cualquier tipo de agresión o violencia debe tener un tratamiento singularizado y pormenorizado", valora el CSI-F en un informe. También pide una mejora en los guantes de cacheo. Afortunadamente, señala CSIF, ninguna agresión acabó en muerte en estos diez años analizados. "No existe una política de reinserción efectiva ni de seguimiento de estos internos conflictivos por falta de personal. Tampoco existe un protocolo de actuación ante agresiones y los comités de seguridad y salud laboral no funcionan adecuadamente", señala un portavoz del CSIF.

La Administración incluye las agresiones en el capítulo de accidentes laborales, sin diferenciarlos La sobrepoblación penitenciaria que se da en las cárceles es uno de los caldos de cultivo de las agresiones. Y eso que la población reclusa se ha ido reduciendo poco a poco. Las prisiones españolas (contando Cataluña) llevan cuatro años consecutivos perdiendo internos. Si en 2009 se alcanzó el récord histórico de ocupación, con 76.079 reclusos, en abril de este año la cifra había disminuido a 66.705 internos, un descenso del 12,3%. Pero a pesar de esta reducción, la gran mayoría de las cárceles españolas tienen más ocupantes que celdas disponibles. La tasa de hacinamiento (número de internos en función del número de celdas) era del 164%, según un estudio del sindicato Acaip. Es una media nacional, porque en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla superaban el 200%. Ahora, un año después, la tasa está en torno al 150%. Para vigilar a la población reclusa, hay 15.600 vigilantes. CSIF también destaca que muchos presos sufren trastornos mentales, "que no reciben una atención adecuada en un Centro Penitenciario Psiquiátrico. Solo existen dos en España y están masificados".

Sentencia ejemplar

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración, los sindicatos han empezado a personarse como acusación popular en casos graves de agresiones. El 19 de mayo pasado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a siete años y medio de prisión a un preso de Valdemoro que intentó matar a un funcionario. Así lo recoge la sentencia, que señala que la intención del recluso, Pedro Pablo Peñas Valderas, que cumple 16 años de cárcel por homicidio, era "causar la muerte del funcionario". El interno regresaba a la cárcel tras un permiso de cuatro día y deba someterse a una analítica de orina para detectar si había consumido drogas. Este intentó engañar a los funcionarios mezclando la orina con agua. Cuando fue detectado por un funcionario, el preso sacó una cuchilla de su boca y cortó el cuello del trabajador, causándole "una herida mortal de necesidad si no hubiera sido atendido de inmediato por los servicios médicos del centro penitenciario".

El corte provocó una herida de once centímetros en el cuello "a nivel de la tiroides". El funcionario agredido tardó 45 días en recuperarse. La condena es una de las más altas impuesta en España por agresión a un funcionario de prisiones. "Esta sentencia viene a reconocer las difíciles condiciones de trabajo en la que desempeñamos este servicio público. El agresor era un preso de confianza, que había trabajado como ordenanza en la capilla y volvía de un permiso. Cualquier situación es una situación de riesgo dentro de una prisión. Y no se valora lo suficiente", señala un portavoz de Acaip, sindicato que ha ejercido la acusación popular.