Agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización ubicada en Castellón a la que se acusa de haber defraudado a la Seguridad Social 105.875 euros con contratos a trabajadores rumanos a través de una empresa ficticia por periodos cortos de tiempo para que pudieran después acceder a alguna prestación. Hay 17 personas detenidas y otras tres imputadas.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se enmarca en el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros inició en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.

En concreto, esta investigación arrancó en junio de 2013 en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que existía una empresa en la capital que podría estar defraudando a la Seguridad Social. Esta compañía, con domicilios sociales ficticios y falta de actividad, contrataba a trabajadores extranjeros, todos ellos de nacionalidad rumana, a los que daba de alta por periodos cortos de tiempo.

El objetivo de los supuestos trabajadores era conseguir acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social (de desempleo, paternidad o rentas activas de inserción) o para tener acceso a la sanidad pública y a prestaciones farmacéuticas.

Una vez iniciado el estudio de la documentación aportada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre la empresa se constató que el administrador era un hombre rumano de 36 años de edad afincado en Castellón, quien realizaba, junto a un familiar de 42 años que también ha sido detenido, todos los contactos y trámites relacionados con la empresa y los trabajadores.

Esta empresa había defraudado más de 100.000 euros: 37.283 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social y 68.591 en prestaciones ya percibidas por estas personas.

Los investigadores han detenido a los implicados (contratados y responsables de la empresa) en Castellón y Onda, interviniendo además documentación relacionada con la constitución de la empresa, nóminas, contratos laborales y recibos bancarios.

Con esta operación, ya son 75 las detenciones en la provincia, junto a otros 119 imputados y cinco empresas fantasma desmanteladas.