El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha presentado sendos escritos tanto en la Delegación de la Junta de Andalucía como en la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que ambas administraciones garanticen la "correcta aplicación" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) en el Ayuntamiento de Benamocarra, cuyo alcalde, Abdeslam Lucena (PP), ha sido condenado, en sentencia no firme, a seis meses de prisión y un año de suspensión para cargo público por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación.

Este último delito, ha explicado Conejo, es contra la Administración Pública y es sobre el cual los socialistas reclaman que se declare a Lucena "inelegible e incompatible", aplicando así la reforma de la Loreg del año 2011 y su artículo seis, lo que le obligaría a abandonar su cargo.

En concreto, dicho artículo incorpora como causa de inelegibilidad e incompatibilidad a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

El pasado mes se celebró en Benamocarra un pleno extraordinario en el que se aludió a un informe municipal en el que se considera que en su caso no proceden las causas de inelegibilidad ni incompatibilidad y no sería aplicable, por tanto, la Loreg. Señalaron que los hechos se remontan a 2008 y que la situación del alcalde se debe abordar basándose en la ley vigente entonces y no teniendo en cuenta la reforma de 2011.

Sin embargo, Conejo ha considerado esto un "subterfugio" del regidor. Así, ha informado de que los servicios jurídicos del PSOE han analizado distintos casos y ha aludido al del Ayuntamiento zaragozano de Mallén, en el que su entonces alcalde, también diputado provincial, "fue condenado por prevaricación en una sentencia no firme". Entonces, el Gobierno autonómico, ha explicado, "recurrió los acuerdos de ese pleno municipal para exigir que se cumpliera la ley electoral".

"El tema —ha continuado— llegó a un contencioso y hay un auto de la Audiencia de Zaragoza que establece que el principio de irretroactividad no se aplica". Esto es, en su opinión, que la consecuencia administrativa "es a partir de la sentencia, no de cuando los delitos fueron cometidos" y, en este caso, dicha sentencia es posterior a 2011.

Conejo ha reclamado que, al igual que en Zaragoza, el Gobierno autonómico declare nulo el acuerdo de pleno de Benamocarra, "garantizando la interpretación correcta de la ley lo que significaría que tendría que dejar la Alcaldía".

El portavoz socialista en la Diputación ha considerado que en el caso zaragozano la resolución fue "prácticamente inmediata", en torno a dos meses, "incluyendo el auto del juzgado, al que llegó porque el alcalde de Mallén recurrió la decisión del Gobierno autonómico y de la Diputación, cuyos servicios jurídicos coincidieron con el planteamiento de la Comunidad".