El Consejo Fiscal avalaría la reforma del aborto, pero endureciéndola con multas

  • Según el borrador publicado por la 'Cadena Ser' y 'El País', el Consejo apoyaría la reforma del Gobierno, y reconoce que es "más restrictiva" que la ley de 1985.
  • Niega que el aborto sea un derecho de la mujer y se escuda en que "ningún tratado internacional o regional reconoce el supuesto derecho al aborto".
  • El único punto donde cuestiona al Gobierno es el que habla de la intervención de un juez cuando una chica de 16 años quiera abortar en contra de sus padres.
  • Su postura final se conocerá tras el pleno que celebrará los días 2 y 3 de junio.
  • El Consejo General del Poder Judicial se iba a reunir esta semana para debatir la controvertida reforma, pero decidió posponerlo para más adelante.
  • Una vez se remitan los informes a Justicia seguirá la tramitación, aunque Gallardón reconoce que dedicará "un tiempo razonable a estudiar las propuestas".
Manifestación contra la reforma del aborto en Madrid.
Manifestación contra la reforma del aborto en Madrid.
Víctor Lerena / EFE

El Consejo Fiscal, órgano consultivo del Fiscal General del Estado en el que figura la cúpula del Ministerio Público, avala en términos generales la reforma de la Ley del Abortode Gallardón, según el borrador al que han accedido la Cadena Ser y El País.

El texto, firmado por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirma que esta reforma es "notablemente más restrictiva" que la primera ley de 1985 y apoya entre otros puntos la supresión del sistema de plazos al negar que el aborto sea un derecho de la mujer.

El único punto donde al parecer cuestiona la postura del Gobierno es el que habla de la intervención de un juez cuando una chica de 16 o 17 años quiera abortar en contra de la opinión de sus padres. En este sentido, el Consejo Fiscal cree que se debe respetar la decisión que haya tomado la menor.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega este organismo en dicho borrador:

  • Supuesto legal del aborto por malformación del feto: sin llegar a pedir abiertamente que este supuesto sea recuperado, tal y como propone el anteproyecto de Gallardón, el Consejo Fiscal asegura que es "susceptible de debate" y dice al Gobierno que la decisión de eliminar el supuesto "debe ser cuidadosamente reflexionada a la luz de la experiencia de la aplicación de las leyes anteriores y de la regulación existente en los países de nuestro entorno".
  • Intervención de un juez ante el aborto de una menor: en este punto, el Consejo Fiscal pide "respetar la decisión de las menores" embarazadas de 16 y 17 años, suavizando así el texto del ministro de Justicia en el que dice que, si una joven quiere abortar y sus padres no están de acuerdo debe decidir un juez. "Las embarazadas de 16 o 17 años (...) deben tener reconocida en la ley una posición determinante. La opinión discrepante de los representantes legales (...), que ciertamente deben ser oídos y participar en la toma de decisión, no debe conducir de forma necesaria a una intervención judicial dirimente", según un extracto del borrador. "En caso de discrepancia con estos (representantes legales), lo razonable es que la ley respalde plenamente la autonomía de la mujer embarazada y que no le imponga la onerosa carga de promover un incidente judicial para hacerla valer".
  • Pena de multa para la mujer: mientras que el anteproyecto de Justicia eliminaba toda pena hacia la mujer (en la ley actual existe la pena de multa), el Consejo Fiscal propone, sin embargo,"mantener la previsión de una pena de multa a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause".
  • Derecho de la mujer a abortar: en otra parte del texto, el organismo sostiene que "ningún tratado internacional o regional reconoce el supuesto derecho al aborto". Añade además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "nunca ha admitido que la libre decisión o la autonomía de la mujer sea suficiente, por sí misma, para justificar un aborto".
  • Contra la actual ley de plazos: respalda en este sentido la reforma de Gallardón al considerar que hay que proteger la vida del nasciturus. El Consejo justifica esta decisión diciendo que en la mayoría de las legislaciones europeas "exigen la concurrencia de causas objetivas" para abortar, y que aunque existe un segundo grupo de países que reconoce el sistema de plazos no es relevante porque en su mayoría son países "procedentes de la antigua Europa del Este".
  • Informes médicos: sobre los dos informes médicos que debe presentar la mujer que desee abortar alegando daño para su salud física o psíquica, que incluye el anteproyecto del Gobierno, el Consejo añade que dichos informes sean emitidos exclusivamente "por médicos de la sanidad pública".

El Consejo Fiscal tiene previsto informar en su pleno de los días 2 y 3 de junio sobre el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto, un texto que no es vinculante para el Ejecutivo, aunque sí preceptivo, al tratarse de leyes orgánicas.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial también celebrará a lo largo de junio un pleno extraordinario para informar sobre la reforma del aborto, después de que la pasada semana decidieran posponer el pleno que estaba convocado para el día 4. Un grupo minoritario de vocales reclamó entonces más  tiempo para hacer alegaciones sobre los dos informes presentados por las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, que se han mostrado críticos con la reforma de Gallardón.

Gallardón niega el retraso por las europeas

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, negó el viernes que el motivo del retraso en la aprobación de la ley del aborto se deba a la celebración de las elecciones europeas y dijo que estaba a la espera de recibir los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal para hacerlo.

"Esos informes no están, daba igual la fecha de las elecciones", manifestó Gallardón, que también recalcó que en el momento "en el que los informes obren en poder del Gobierno" será su responsabilidad continuar con la tramitación de la nueva ley del aborto.

Gallardón ha insistido en que una ley que "afecta" al Código Penal no puede ser remitida a las Cortes sin los dictámenes —preceptivos pero no vinculantes— de los órganos consultivos, que, según ha dicho, han pedido "más tiempo para estudiarlo". "Una vez que los remitan, seguirá la tramitación, dedicaremos un tiempo razonable a estudiar las propuestas que nos hagan, y haremos las modificaciones o no de acuerdo con esas propuestas y a la vista también de otros informes, como el del Comité de Bioética", ha concluido.

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