Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas, dos de ellas con antecedentes similares, y han imputado a otra por estafar unos 150.000 euros a 37 empresas mayoristas de farmacia, y vender posteriormente de forma ilegal los productos obtenidos. Una sexta persona está en búsqueda y captura pues huyó durante el operativo.

La investigación policial se ha llevado a cabo en dos fases, y en la primera, que finalizó en octubre, se detuvo a dos personas a los que se acusó de estafa, pertenencia a grupo criminal y receptación, según ha informado este lunes la policía catalana.

Estas dos personas se dedicaban a hacer grandes pedidos a mayoristas de productos de farmacia y parafarmacia, que no pagaban y que comercializaban de forma ilegal, logrando estafar por valor de 900.000 euros a un centenar de empresas.

En el mes de diciembre, y después de salir de la cárcel, estas mismas personas montaron, con otras cuatro personas más, una infraestructura similar para seguir actuando: constituían una sociedad a nombre de una tercera persona y alquilaban un local comercial en una zona cara de Barcelona para dar imagen de solvencia.

Los cuatro detenidos en esta segunda fase hacían pedidos que se almacenaban en el local, pero luego los trasladaban a otro lugar para que los proveedores estafados no los pudieran localizar.

Los Mossos han destacado que para dar más credibilidad, el jefe del grupo se hacía pasar por antiguo trabajador de una importante farmacéutica que decía que estaba montando una tienda de productos de parafarmacia con el dinero obtenido como indemnización laboral.

Entre diciembre y mayo de este año, los cuatro detenidos estafaron a 37 empresas y alquilaron dos locales en Barcelona, uno de ellos de más de 300 metros cuadrados en una zona cercana a la Sagrada Familia.

Tras ser descubierta la estafa por la policía y entrar en los locales alquilados, los agentes intervinieron una gran cantidad de productos de parafarmacia, albaranes y facturas de las compras realizadas en uno de los locales, que ha quedado precintado por orden del juzgado. El material se devolvió a las empresas afectadas o se entregó a instituciones benéficas como Cruz Roja o Cáritas Diocesana.

Cuatro de los cinco implicados tenían diferentes grados de parentesco entre ellos, y el sexto integrante de la banda era un farmacéutico que compraba el material a pesar de tener conocimiento de su procedencia ilícita, motivo por el que ha sido imputado. Tras declarar ante el juz, todos quedaron en libertad con cargos salvo una de las personas con antecedentes similares, que volvió a ingresar en prisión.