El Tribunal Supremo ha reducido a dos años y medio de prisión la condena de cinco años y seis meses que impuso la Audiencia Provincial de Baleares al exdirector financiero del grupo inmobiliario balear Kühn & Partner, Martín Font, por apropiarse de hasta un total de 313.802 euros de varias mercantiles pertenecientes a este conglomerado empresarial a través de una sociedad creada expresamente para perpetrar esta estafa.

En concreto, el Alto Tribunal le absuelve del delito de alzamiento de bienes que sí apreció la Audiencia, y le condena por un delito continuado contra el patrimonio.

Cabe recordar que, al ser interrogado durante el juicio celebrado por estos hechos, el administrador del grupo, Matthias Kühn, querellante en esta causa a través del letrado Rafael Perera, manifestó que tenía "absoluta confianza" en su subordinado, puesto que él mismo "no podía controlarlo todo" a tenor del incremento de actividad de su grupo, de forma que "tenía que fiarme de mi equipo".

El tribunal de la Sección Segunda consideraba probado cómo el acusado se valió de la relación de confianza que tenía con Kühn y del hecho de que tenía firma autorizada en varias cuentas bancarias de su grupo, además de que una de sus funciones era pasar a la firma de su superior los diferentes pagos a realizar por los servicios prestados a las distintas empresas del conglomerado, para destinar numerosos de estos efectos económicos a una cuenta corriente de su titularidad.

De igual modo, otros de los traspasos los ingresó en otra cuenta había abierto a nombre de Iots de Mallorca, empresa de su propiedad. Durante el juicio por estos hechos, Font admitió haber ingresado las cantidades en cuentas de su propiedad, si bien alegó que éstas se correspondían con las comisiones pactadas verbalmente con Kühn por prestamos concedidos por una entidad bancaria, gracias a su intervención para conseguirlos.

No obstante, el propio Kühn explicó que era él quien conseguía la financiación para la empresa, y no el director financiero, quien se encargaba de gestionar la documentación que la entidad crediticia le solicitaba para formalizar los préstamos.