La juez archiva la querella por presunta prevaricación contra el alcalde de Torrevieja

  • Dos concejales más del PP  estaban acusados.
  • La querella, interpuesta por el PSPV-PSOE, acusaba al Ayuntamiento de haber desembolsado más de 15 millones de Euros.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales contra el alcalde de esta ciudad, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), y dos concejales de su equipo de gobierno por un presunto delito continuado de prevaricación.

Según el auto facilitado hoy por el alcalde, la juez Juana López Hoyos ha tomado esta decisión al entender que no ha quedado debidamente acreditada la comisión de los hechos denunciados en abril de 2006 por el PSPV-PSOE de Torrevieja.

La querella socialista denunciaba que el equipo de gobierno, del PP, utilizaba de forma habitual, desde 2002 al 2004, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos para realizar pagos, sin que se conocieran los criterios empleados para la contratación de las empresas y a pesar de contar con los informes contrarios tanto de la Secretaría como del área de Intervención municipal.

Los querellantes estiman que el Ayuntamiento de Torrevieja ha desembolsado por este procedimiento más de quince millones de euros a lo largo de varios ejercicios económicos.

En la resolución judicial, contra la que se puede interponer recurso, la juez señala que el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos,  se encuentra legalmente previsto y se usa cuando quedan acreditadas las obligaciones del Ayuntamiento con una empresa determinada por la prestación de servicios y no existe dotación presupuestaria.

En el auto se afirma que no ha quedado acreditada la existencia de veto alguno por parte del Ayuntamiento para contratar a una empresa determinada y que no consta en ningún momento ninguna anulación por parte de los tribunales contenciosos-administrativos de dichos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Según el auto, los imputados pueden, si así lo desean, emprender las acciones legales oportunas por un presunto delito de calumnias contra los querellantes socialistas.

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