El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha tomado declaración este jueves a una mujer, Monserrat Rodríguez Fernández, de 49 años de edad y con minusvalía del 71 por ciento, imputada por ocupar una vivienda de un banco para que "ni ella ni su familia tuviesen que dormir en la calle, ya que no le ofrecieron otras alternativas", según han destacado desde 'Stop Desahucios', que ha convocado un acto de apoyo al que ha acudido medio centenar de personas.

Así, la afectada ha declarado que solo pide "una vivienda digna, después de siete años pidiéndola" y de este modo "poder vivir tranquilamente lo que queda de vida". Además, ha agradecido "la única ayuda" por parte de Cáritas y 'Stop Desahucios' y ha explicado que tiene concedida la ayuda de la Ley de la Dependencia, pero "desde hace tres años no la abonan, porque no hay dinero, y no sé a quien recurrir", confiesa.

En concreto, la mujer es "demandante de vivienda pública desde antes del año 2007, reiterada en 2009 y por último el año pasado, los dos últimos meses del alquiler los pudo pagar gracias a la ayuda de Cáritas", a lo que añade que tiene "una pensión por enfermedad de 364 euros" y su pareja está "en el paro y sin ingresos". Ella presenta "una minusvalía del 71 por ciento, depresión orgánica básica, arteria atorada, cáncer y problemas cardiovasculares", entre otros.

En este sentido, desde el colectivo destacan que tiene "todos los requisitos para que no pudiera estar en la calle en ningún momento", puesto que "su cuadro clínico así lo dice". Así, se preguntan "dónde están las administraciones responsables para atender las necesidades de Monserrat", y defienden que desde el colectivo "ante tamaña afrenta" se le ayudó a "encontrar un sitio adecuado en el que vivir", de manera que "la plataforma facilitó una vivienda a la compañera", subrayan.

Al respecto, uno de los portavoces, Rafael Carmona, cuestiona "dónde está la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución Española, los acuerdos internacionales firmados por los gobiernos o los responsables políticos que permitían dejar en la calle a una mujer enferma y ahora la llevan al juzgado por defender su salud y defender su derecho a la vida y a la vivienda digna".