El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha asegurado que es "falso" que el Gobierno vasco esté planteando "recortes" en la atención a la dependencia, respondiendo así a las acusaciones de la Diputación foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, Aburto ha desmentido las afirmaciones del diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, según las cuales el borrador del Decreto de Cartera de Servicios Sociales del Gobierno vasco prevé "recortes en el Servicio de Atención Domiciliaria, en las prestaciones a la dependencia, a la eliminación de la 'ventanilla única' de acceso a los servicios sociales y al acceso a la residencia".

El consejero ha denunciado que la Diputación "ha recurrido a la manipulación para hacer creer lo que no es, creando una alarma social innecesaria".

Según ha asegurado, "no se ha introducido ninguna modificación" en lo que respecta al Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), cuyas condiciones de prestación, según la previsión de la Ley de la Dependencia, "están en el borrador de Decreto de Cartera de Servicios desde la pasada legislatura".

Además, ha indicado que "tampoco consta que la Diputación de Gipuzkoa haya presentado objeción alguna en relación a las intensidades del SAD".

Aburto ha señalado que las personas que, a la entrada en vigor de la presente Ley, sean usuarias de los servicios sociales o beneficiarias de alguna de las prestaciones económicas gestionadas desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, "podrán seguir disfrutando de las prestaciones y servicios a las que hayan accedido, independientemente de que cumplan o no los requisitos de carácter general regulados en el artículo 25 y los requisitos que se prevean con posterioridad en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales".

Eso sí, "siempre que perduren las circunstancias que motivaron la concesión de las prestaciones o cumplan los requisitos establecidos en la norma que reguló su acceso al servicio", ha añadido.

Por tanto, ha insistido en que "es falso" que el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales "plantee recortar el servicio de atención domiciliaria a 1.800 personas dependientes con la pérdida de 150 empleos". Asimismo, ha asegurado que "quienes reciben la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, no perderían ninguna prestación reconocida hasta ahora".

En cuanto a la exigencia de un año previo de atención por parte de las personas cuidadoras, ha señalado que "quedaría a criterio de las diputaciones, como ocurre hasta ahora".

"Esa normativa, regulada por el Gobierno del Estado, está en vigor desde el pasado 1 de enero. Lo único que ha hecho el Gobierno vasco es reflejarla en el borrador de Cartera de Servicio, pero no supone ningún cambio en relación al estatus actual, y si las tres diputaciones quisieran podría eliminarse del borrador", ha afirmado.

Con respecto a la eliminación de la 'ventanilla única', ha explicado que la Diputación de Gipuzkoa "conoce perfectamente que, en estos momentos, hay dos circuitos diferentes de acceso, por decisión de las propias administraciones territoriales".

"En Gipuzkoa funciona como tal, pero no así Bizkaia, allí, cuando una persona con dependencia necesita una residencia, acude a los servicios sociales municipales para solicitar la valoración de la dependencia, remite el expediente a la Diputación quien le valora y le hace el Plan Individual de Atención, si en ese plan se considera adecuado el deseo de la persona de ir a una residencia, la Diputación no le devuelve al Ayuntamiento para que haga la petición, sino que ella misma recoge la petición y la tramita", ha indicado.

Por eso, el consejero ha reiterado que "es falso" que el Gobierno vasco plantee "alterar todo el sistema y obligar a la ciudadanía a solicitar a cada administración su servicio".

REUNIONES

En relación a la acusación de "oscurantismo", ha afirmado que su departamento ha acudido a la Diputación de Gipuzkoa "en no menos de seis ocasiones, ha celebrado dos reuniones del Órgano Interinstitucional y ha contrastado opiniones antes de sacar ningún documento" y el actual "está todavía abierto a modificaciones".

Por todo ello, ha asegurado que "no hay justificación alguna para la actitud de la Diputación de Gipuzkoa" y le ha acusado de "crear una alarma social innecesaria por motivos que nada tienen que ver con la mejora de la atención social al conjunto de la ciudadanía".