El dueño de Uniter, José González Mata, ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que le conceda una pensión alimenticia de 3.000 euros mensuales a fin de poder atender "sus necesidades más básicas".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado pone de manifiesto que, "tras las diversas medidas adoptadas en el orden real" tanto contra él como contra sus empresas, "se le ha desposeído de todo, se le ha cercenado su anterior actividad y se le ha obligado a recomenzar su vida para procurar el sustento de sí mismo y de su familia".

Al hilo de ello, asevera que "con todas sus cuentas embargadas y con sus empresas administradas judicialmente, carece de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas", por lo que solicita a la juez Mercedes Alaya una pensión alimenticia de 3.000 euros mensuales "con cargo a los fondos de sus empresas Uniter y Cureña".

El imputado explica que esta era la cantidad que, "de forma aproximada, percibía anteriormente a la extinción de la relación laboral", por lo que la considera "ajustada a las obligaciones económicas contraídas de forma personal" por el encausado.

Por ello, solicita a la juez que ordene a la administración judicial constituida "a fin de que proceda mensualmente al pago de la suma solicitada, o de la que el Juzgado prudencialmente fije, en el concepto expuesto y con cargo a los fondos de las mercantiles citadas".

La magistrada, una vez recibida esta petición, ha dictado una providencia en la que requiere al imputado para que en el plazo de cinco días "acredite las necesidades y cargas" que tenga actualmente, de manera que "con su resultado se evacuará traslado legal" para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de partes personadas se pronuncien al respecto, informándole de que, "de no hacerlo, finalizado el plazo se le tendrá por desistido en su petición".

El imputado también ha solicitado a la juez la devolución del DNI y el levantamiento de la medida cautelar consistente en comparecer semanalmente en el Juzgado, pues "lleva más de seis meses presentándose semanalmente ante el Juzgado de Instrucción de su domicilio, con todo lo que ello implica, no sólo en el orden personal, sino profesional, puesto que tiene que supeditar la misma a esa obligación de presentación semanal".

"A día de hoy, habiendo comparecido a cuantos llamamientos se le han producido y estando personado en la causa mediante letrado y procurador, sería absurdo mantener la existencia de riesgo de fuga, máxime cuando se ha prestado fianza hipotecaria por valor de 450.000 euros", dice el imputado, que señala que este riesgo de fuga "fue la única razón que motivó la adopción de la medida cautelar y a día de hoy ya no existe".