El Consejo de Gobierno acordó este viernes solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el anteproyecto de ley de modificación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM) para su posterior remisión a la Cámara regional.

La renovación de este impuesto, que ya cuenta con el informe favorable del Parlamento Europeo y con la propuesta de la Comisión Europea para su aprobación definitiva por el consejo de ministros comunitario del próximo mes de junio, entrará en vigor el 1 de julio de 2014 y se extenderá hasta el año 2020.

El AIEM grava determinados productos importados u obtenidos en las islas, e incluye exenciones para determinadas mercancías elaboradas en el archipiélago con el objeto de proteger la producción local de los sectores agrícola, ganadero e industrial, ha informado en rueda de prensa el portavoz, Martín Marrero.

Esta protección surge para compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias, que generan costes de producción más elevados y limitan el desarrollo económico.

Tras la aprobación final por parte de la Unión Europea, será el Parlamento de Canarias quien fije los nuevos tipos del gravamen así como las exenciones y reducciones del impuesto dentro de los márgenes autorizados por Bruselas.

El anteproyecto de ley que el Gobierno de Canarias remitirá a la Cámara regional reduce el listado de productos importados que grava el AIEM al pasar de las 151 mercancías actuales a 135 productos.

Las modificaciones realizadas, según Marrero, se centran en la supresión del impuesto a aquellos productos para los que no existe un volumen significativo de producción local y se incorporan otros que sí lo han alcanzado o que tiene sólidas expectativas de hacerlo.

Aumento de tipos

La mayoría de las mercancías se mantiene al tipo menor, cifrado en un 5 por ciento, mientras que el incremento de tipos afecta a un reducido número de productos del sector primario que pasan del 5 al 10 por ciento.

El AIEM, tributo integrado en el Régimen Económico y Fiscal, ha acreditado durante sus años de vigencia que constituye un "ventajoso instrumento" para proteger a los sectores locales frente a las desventajas que suponen la lejanía y la insularidad y que provocan, entre otros aspectos, un "considerable" aumento de los costes de producción en Canarias, ha detallado.