El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha anunciado este viernes que su grupo llevará a la Cámara autonómica una iniciativa para preguntar al Gobierno de PSOE e IU y que "demuestren si la asistencia social de verdad es una prioridad".

Así se ha pronunciado Rojas en rueda de prensa en Motril, junto con la vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A, Ana Vanessa García, la vicepresidenta del PP local y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la vicesecretaria general de los populares motrileños, Ángeles López Cano, para informar sobre los expedientes de valoración de la ley de Dependencia que la Junta tiene pendientes de resolver en la comarca de la costa granadina.

Rojas ha lamentado que solo entre las dos poblaciones con mayor número de habitantes de la costa tropical, Almuñécar y Motril, sumen 804 casos en esta situación de espera, "y además, algunas personas llevan hasta dos años esperando a ser valoradas".

Por este motivo, que provoca una situación similar en el resto de la región, el grupo parlamentario popular va a presentar la iniciativa en el Parlamento, porque esta situación de los expedientes de dependencia por parte de la Junta "está provocando que los ayuntamientos, a través de la ayuda a domicilio municipal, asuman la atención de esos usuarios que quedan desatendidos por la desidia del Gobierno de Susana Díaz".

Por su parte, la vicesecretaria de política Social e Igualdad del PP-A, Ana Vanessa García, ha alertado de que la Junta tiene "paralizada" la Ley de Dependencia desde 2012, año en el que había 190.000 andaluces que percibían algún tipo de ayuda, mientras que al año siguiente la perdieron 26.000 personas y no se repusieron "ni las plazas de las personas que habían fallecido".

García ha resaltado que mientras que en España la aplicación de la ley de Dependencia ha aumentado un dos por ciento, "en Andalucía ha descendido un 14 por ciento". Este recorte tiene uno de los ejemplos principales en la provincia de Granada, que cuenta con 5.500 expedientes "durmiendo en los cajones", mientras que otras 5.000 personas a pesar de tener su situación de dependencia reconocida por la Junta, "aún no han comenzando a percibir la ayuda que les corresponde".

La 'popular' ha declarado asimismo que en 2013 la Junta de Andalucía solo resolvió un expediente de dependencia. García ha recordado que la Ley de Dependencia genera empleo, "por lo que si se estuviera desarrollando con normalidad, Andalucía no sería la región con más paro de Europa".

600

Millones de deuda

Asimismo, ha incidido en que los ayuntamientos y las diputaciones están ofreciendo los servicios sociales "que deja de prestar la Junta", y se estima que solo en la provincia de Granada, "el gobierno regional debe siete millones de euros a estas instituciones, mientras que en Andalucía las deudas en políticas sociales con los ayuntamientos superan los 600 millones de euros".

Para la vicesecretaria, la situación "más alarmante" es la que va a generar la Junta al recortar "de forma drástica" el concierto de plazas en residencias de mayores. Así, según ha agregado, de las 17.000 plazas concertadas que existen en la región, el recorte afectará al 92 por ciento, "lo que condena a las residencias a la privatización o al cierre al no poder asumir los gastos".

En este sentido, García ha subrayado que en Andalucía hay 50.000 personas esperando una plaza concertada para entrar en una residencia de mayores, mientras que hay 4.000 plazas libres en las residencias, por lo que ha aconsejado a la presidenta regional, Susana Díaz, que "priorice su presupuesto de 30.000 millones de euros en atender los servicios sociales básicos de Andalucía2".

La vicepresidenta del PP local y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado que los ayuntamientos están al día en su responsabilidad con la parte administrativa que les corresponde, la redacción de los proyectos individuales de atención, (PIA), que es el informe que se remite a la Junta para que valoren cada caso.

Una vez remitido el PIA es cuando "los papeles se pierden por los despachos, porque algunas personas, con situaciones realmente graves, están esperando hasta dos años porque la Junta mantiene paralizados los expedientes", ha asegurado García Chamorro.

Asimismo, cuando la Junta "por fin" concede los recursos, "la ayuda no llega hasta en un 80 por ciento de los casos, lo que provoca falsas expectativas entre las personas dependientes, que creen que van a recibir la atención que precisan y que les corresponde por ley".