Los cinco detenidos en la operación de la Guardia Civil contra una red de funcionarios de Adif y una empresa adjudicataria, acusados de hinchar el precio de las obras de un tramo del AVE en Barcelona, han pasado en la tarde de este miércoles a disposición judicial.

La instructora ha dejado en libertad con cargos a dos de los detenidos y ha impuesto una fianza a los otros tres para eludir el ingreso en prisión. Según fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona acusa de un delito de malversación a los cinco detenidos, a los que ha tomado declaración durante cerca de ocho horas a lo largo del día de hoy.

Los detenidos han justificado ante la juez el sobrecoste final y han alegado que se trata de los flecos por unos trabajos realizados que todavía no han cobrado y que aún están pendientes de certificar. Ante la juez, los acusados han negado la malversación y han argumentado que el sobrecoste final de seis millones de euros obedece a los flecos por unas obras que han llevado a cabo y que todavía no han cobrado, ya que aún están ultimando la certificación final para acreditarlo, según fuentes de las defensas.

Según han informado fuentes cercanas al caso, de los diez detenidos en la operación, cinco fueron dejados en libertad por la propia Guardia Civil, a la espera de ser citados por la juez, mientras que los otros cinco han comparecido este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.

En la operación contra esta presunta trama de malversación fueron detenidas diez personas, de las que cinco fueron puestas en libertad por la Guardia Civil y otras cinco han pasado hoy a disposición de la juez que instruye el caso: dos responsables de Adif, un ingeniero, un jefe de obras y un representante de la empresa Corsán, la concesionaria de las obras bajo sospecha.

Entre los cincos detenidos que han declarado este miércoles figuran los responsables de Adif Jaime G.G., que fue responsable de las obras investigadas, y Rafael R., director de alta velocidad de la zona noroeste. Ambos han sido suspendidos ya de forma provisional de sus responsabilidades y funciones en Adif hasta que se esclarezcan los hechos, según el gestor de infraestructuras. Otros dos funcionarios de Adif también fueron detenidos por la Guardia Civil, si bien figuran entre los arrestados que han quedado en libertad a la espera de que les cite la juez.

En marzo de 2008, la contratista Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsan, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones, frente a los 98,6 millones de euros presupuestados.Entre los detenidos que han quedado ya en libertad figura Ramón A., que también trabajó en Corsan y que es uno de los imputados en la trama Gürtel, según ha avanzado el periódico El Mundo y han confirmado fuentes cercanas al caso.

En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, se investiga si directivos de la contratista Corsan se concertaron con cualificados funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la empresa en perjuicio de los fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos —cinco en Madrid y cinco en Barcelona—alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos adjudicadas en las obras del AVE de Madrid a Barcelona, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsan de unos 6 millones de euros, parte de los cuales fueron a parar a los responsables de Adif implicados en forma de dádivas.

Según la versión de los acusados, en 2011 se acordó una modificación para incrementar el presupuesto en 13 millones (dentro del marco legal fijado en un 20% sobre el presupuesto inicial). Posteriormente, en el tramo final, el presupuesto se incrementó de nuevo en unos seis millones de euros, la cantidad que la fiscalía sospecha que los acusados han malversado, para acometer unas obras que, según han alegado, ya han sido realizadas y todavía no han cobrado.

Los detenidos defienden también que este incremento final de 6 millones de euros se ubica dentro del límite legal, ya que supone un 10% del presupuesto inicial.