El Gobierno insiste en que “la recuperación va sobre ruedas”, pero los desahucios siguen siendo una realidad palpable en casi todas las ciudades. En su momento, para hacer frente a la pesadilla de miles de familias que tras años de pagar su hipoteca se quedaban sin casa, en la calle, pero con deuda, el Ejecutivo aprobó el Código de Buenas Prácticas.

Aunque este código establecía medidas para paliar los desahucios para ciudadanos en el umbral de la exclusión social. Los resultados siguen siendo modestos. En el último trimestre de 2013 los bancos acordaron sólo 397 daciones en pago.

Según el Ministerio de Economía, el Código de Buenas Prácticas facilitó que de las 1.624 operaciones realizadas por las 45 entidades adheridas, en 1.227 casos se llegara a una reestructuración de la deuda, y en 397 se acordara la dación en pago y la extinción de la deuda.

Aunque en realidad los bancos y cajas recibieron en el último trimestre del año 4.523 nuevas solicitudes. Este dato supone que las solicitudes recibidas en el tercer trimestre de 2013 han superado las recibidas en todo el primer año en vigor del código (de marzo 2012 a marzo 2013).

Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, indica Economía.

El aumento puede explicarse por las mejoras introducidas en la Ley del 14 de mayo de 2013, que supusieron ampliar y flexibilizar las medidas de protección. Se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al Código cuando antes debían carecer de rentas.

Los datos referidos al nuevo Código indican que de las 4.523 solicitudes recibidas, 2.904 (el 64,21 %) se encontraban pendientes de resolver a finales de 2013. Durante el tercer trimestre se resolvieron en cambio 3.849 solicitudes (algunas arrastradas de trimestres anteriores); y de ellas se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud, asegura el Ministerio.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55 % de las realizadas, y el 31,88 % de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; y en 397 casos (24,45 % de las realizadas y el 10,31 % de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda. En ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.