La presidenta de la Junta, Susana Díaz, emitirá este jueves un decreto por el que se retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la que se encuentra Elena Cortés, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, según fuentes del Gobierno autonómico.

Este anuncio se conoce después de que el departamento de Elena Cortés haya hecho entrega en la noche del miércoles a diez familias desalojadas de la Corrala Utopía, que acampaban en la Plaza Nueva de Sevilla, de las llaves de pisos para ser realojadas, pese a que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, manifestara horas antes que el camino del realojo planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda para estas familias no es el "correcto", según han constatado los propios Servicios Jurídicos de la Junta.

Según el portavoz, hay que poner el "cuentakilómetros a cero" para buscar la fórmula adecuada que dé una solución a esas personas, dentro del "estricto cumplimiento de la ley".

Fuentes del Gobierno andaluz han informado de que se va a abrir una investigación interna de la Junta al objeto de esclarecer "si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad".

Del mismo modo, Vázquez manifestó en la tarde del miércoles que ante la situación que vivían las familias desalojadas de la Corrala, la Junta, como siempre, "va a atender a los menores y a las personas en riesgo de exclusión a través de los servicios sociales", lo que "no va a modificar, desde luego, el orden legítimo de las listas de adjudicación de viviendas sociales", porque también hay cientos de familias que se encuentran en una situación de exclusión y de gravedad que ya tienen unos derechos consolidados.

Por su parte, sobre las 21,00 horas, la Consejería de Fomento y Vivienda, según fuentes del departamento que dirige Elena Cortés, comenzó el proceso de realojo de familias desalojadas de la Corrala Utopía, en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que mandata a las administraciones a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

Asimismo, la Consejería, que "asume el realojo de las familias en situación de exclusión social acreditada o con menores, tal y como exige el auto judicial, continuará en los próximos días el proceso, para el que proveerá los recursos públicos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda, la seguridad y la integridad física de estas personas", según ha anunciado.

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso por Málaga, Alberto Garzón, se ha preguntado si el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "quieren romper el pacto" en el Gobierno andaluz "por la exitosa lucha antidesahucios de IU". Garzón se ha pronunciado de este modo en su cuenta personal de Twitter tras conocer la noticia.

Esta decisión también ha provocado otros comentarios en la citada red social de dirigentes de IU como el coordinador provincial de Córdoba, Pedro García, que ha llegado a cuestionar la continuidad de IULV-CA en el Gobierno andaluz tras la decisión de Susana Díaz de retirar competencias a la Consejería de Fomento. "Si por hacer lo que decimos y pensamos hay que bajarse del carro, pues nada, hasta aquí hemos llegado, no hay mal que por bien no venga", ha publicado el también responsable provincial de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba.

En la misma línea se ha pronunciado también el histórico dirigente comunista Felipe Alcaraz, que ha defendido expresamente en Twitter que "si Susana Díaz retira competencias en vivienda pública a IU como represalia por la Corrala Utopía corresponde ver si seguimos en el gobierno". "Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e IU", ha añadido en otro 'tuit'.