La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha absuelto a siete personas acusadas de introducir en 2005 alrededor de 300 kilos de cocaína en el Puerto, al no constar que hubieran intervenido en la operación destinada a traer la sustancia estupefaciente desde el extranjero, cuyo destinatario era otra persona que actualmente figura como huida. Entre los absueltos se encuentra un ex policía local de Valencia, inhabilitado en el momento de los hechos.

Asimismo, entre los procesados figuraba también un policía nacional que había sido expulsado del cuerpo por hallarse involucrado en asuntos de tráfico de drogas y que actualmente se encuentra en paradero desconocido. De todos los juzgados por este caso, la sala únicamente ha condenado a un año y medio de cárcel, con aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a una mujer de nacionalidad brasileña por un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Sobre el resto de los acusados puestos a disposición del tribunal, la sala entiende que no consta que hubieran intervenido en la operación previa destinada a traer la droga desde el extranjero; que ninguno de ellos era el destinatario de la sustancia; que no queda acreditado que tuvieran relación o acuerdo con el receptor, huido de la Justicia; que no llegaron a tener disponibilidad efectiva de la droga, que estaba en el contenedor MAEU 8078553 intervenido en el Puerto "ni posibilidad potencial siquiera de tenerla" ya que se hicieron con otro recipiente donde no estaba la sustancia y sin que realizaran trámite alguno con aquel en el que finalmente acabó llegando la cocaína.

Según la sala, esta situación, "en puridad, es un caso de tentativa imposible por inidoneidad del objeto", que debe considerarse "impune", de acuerdo con la jurisprudencia.

La Fiscalía de Valencia había solicitado para los acusados penas de prisión que oscilaban entre los cuatro y 14 años por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Así mismo, reclamaba para seis de ellos una multa de 20 millones de euros; para el policía nacional otros 10 millones de euros —se enfrenta a 12 años de cárcel—; y para otro procesado 120.000 euros.

El ministerio público sostenía que seis de ellos, "actuando de común acuerdo", organizaron y planificaron la entrada en territorio nacional de 300 kilos de cocaína, a través del Puerto de Valencia, bajo la cobertura de empresas mercantiles, con distintas funciones entre los acusados.

Asimismo, señala que "sirviéndose de la cobertura de apariencia de legalidad en el tráfico mercantil de las empresas", importaron una partida total de 400 toneladas de chatarra procedente de Panamá, que fue cargado en tres buques distintos que llegaron al puerto valenciano, con diferentes contenedores, el 5, el 9 y el 26 de julio de 2005.