El nuevo grupo especializado en proteger el Patrimonio Cultural Valenciano de la Policía de la Generalitat ha realizado 2.367 servicios en este primer trimestre del año, lo que ha permitido la detención de una persona y la implicación de otras 69, así como la recuperación de piezas de anticuarios y casas de compra-venta.

Así, lo han señalado este miércoles el comisario jefe de la Policía de la Generalitat, Álvaro Rodríguez, y el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, en rueda de prensa para hacer balance de esta unidad, que se creó a finales del pasado año.

De los servicios realizados en este primer trimestre 1.730 han sido patrullas de protección del patrimonio, 113 investigaciones, 13 servicios de protección de yacimientos, 6 colaboraciones con el Instituto Valenciano de Vivienda y otros 398 servicios de patrimonio. Entre ellos se inspeccionaron más de una veintena de casa de compra venta y anticuarios en los que se intervino piezas que no tenían clara su procedencia.

El comisario Rodríguez ha explicado que trabajan desde hace años con la Dirección general de Patrimonio en estas acciones preventivas, que año pasado dieron lugar a más de 8.000 servicios, pero que en el último trimestre del año se constituyeron como un grupo específico. Para ello, los agentes recibieron un completo curso de formación impartido por técnicos de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, arqueólogos, así como compañeros de la Dirección General de Policía.

Castellano ha explicado que este grupo se centra en la prevención, investigación e inspección con el fin de garantizar los bienes de interés histórico artístico y evitar robos o cualquier tipo de daños. Para ello, realiza tareas de investigación e inspecciona en anticuarios, compra-venta de arte y rastros.

Estas actuaciones permitieron la detención la semana pasada de la gerente de una tienda de antigüedades de Valencia tras comprobar, en una inspección rutinaria, que exponía armas de fuego para su venta, sin cumplir con la normativa en cuanto a tenencia y venta de armas de fuego ya que no figuraban en el registro de la Guardia Civil como es preceptivo.

Por ello, se incautaron de una pistola de cuatro cañones del siglo XIX puesta a la venta por 750 euros, una navaja unida a un cañón de avancarga, valorada en 3.000 euros, y una llave pistola de avancarga, tasada en 3.800 euros. Además, un informe de la Policía científica determinó que pese a su antigüedad estaban en perfecto estado para su uso.

Asimismo, entre los objetos intervenidos figuran dos retablos y una escultura de bronce del escultor valenciano Octavio Vicent, que fueron recuperaron de una chatarrería de Valencia cuando iban a ser fundidos. Además, se recuperó una pila de arenisca del siglo XIX sustraída de un yacimiento de Monóvar (Alicante), que fue localizada en el maletero de un vehículo conducido por dos hombres. Estas piezas, han explicado, son muy cotizadas entre extranjeros para villas de lujo e investiga la procedencia de la pieza.

Del mismo modo, entre los efectos recuperados y que se han expuesto en la sede de la Policía de la Generalitat, se encontraban también un socarrat con la imagen de un pez del siglo XVI con la particularidad de que tenía forma cuadrada y no rectangular como es habitual, por lo que su valor de venta superaba los 8.000 euros, así como una tetera, un mortero y un brasero de bronce, además de candelabros y un armazón de espejo del siglo XIX.

Actuaciones contra la economía sumergida

Por otra parte, Castellano ha informado de otras dos operaciones realizadas por la Policía autonómica, que cuenta con unos 400 efectivos, contra la economía sumergida. Así, dentro de la operación 'ECOSUB' y 'Clau Anglesa', ha detectado 293 actividades ilegales en 42 empresas o talleres clandestinos de textil, calzado, 225 talleres ilegales del área del automóvil, 9 transportistas ilegales y 17 almacenes, fruterías o puntos de venta ilegales.

A través de estas actuaciones se ha detenido a 40 personas por contratación ilegal, talleres clandestinos de ropa, calzado, automóvil, almacenes, o por delito contra los derechos de los trabajadores o del medio ambiente. Asimismo, se ha identificado a más de 3.000 personas y 6.600 vehículos.