La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que remitan sus informes para saber si grupos organizados vinculados al independentismo radical o al anarco-insurreccionalismo participaron en los disturbios desatados tras las 'Marchas de la Dignidad' del 22-M.

Según informaron fuentes fiscales, el Ministerio Público quiere saber si los detenidos tienen vinculación con este tipo de organizaciones criminales para estudiar si la Audiencia Nacional es competente para investigar los altercados, en los que resultaron heridas más de 100 personas, de las cuales 67 eran agentes de Policía.

Los enfrentamientos se investigan de momento en los Juzgados de Instrucción de Madrid por presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones.

La Fiscalía de Madrid pide que tres de los 21 detenidos tras la manifestación ingresen en prisión provisional por haber herido a efectivos de la Policía Nacional con objetos contundentes.

De momento, solo uno de los arrestados, Miguel M.S., ha sido enviado a la cárcel de forma temporal por haber golpeado en la cabeza a un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con una piedra de grandes dimensiones.

Según el auto de prisión, dictado por el magistrado Francisco Javier Tejeiro, este joven, de 20 años, comentó tras la agresión: "Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrao".

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido este lunes a los organizadores de manifestaciones que intenten "separarse" de los que perpetran actos violentos, "mental y físicamente" y que los "aíslen", y ha puesto como ejemplo a un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense que "echaron a un grupo que era agresivo".

En una entrevista en la Cadena Ser, la exministra y exalcaldesa de Sevilla ha afirmado que comparte la preocupación de la regidora madrileña, Ana Botella, y de otros alcaldes por el centro histórico de las ciudades, pero no se ha pronunciado sobre su propuesta de sacar de él las manifestaciones. "Es difícil, yo no estoy en el Ejecutivo", ha alegado.

Becerril no se ha pronunciado sobre el análisis del Ministerio de Interior según el cual existe una escalada de violencia que pretende desestabilizar el Estado de Derecho. "Es posible, no sé cuáles son los intentos, no me dedico a esta investigación", se ha limitado a decir.