El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria someterá este lunes a aprobación inicial la que será la primera ordenanza de playas, una normativa que persigue regular el uso correcto de estos espacios, conjugando el derecho de la ciudadanía a disfrutar del litoral y las competencias municipales para velar por el mismo.

La ordenanza contempla sanciones de hasta 3.000 euros para el caso de las infracciones muy graves. En el caso de las leves se establecen de 60 a 750 euros y las graves oscilan entre 750,01 y 1.500 euros, según ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Sergio Díaz.

Así, especifica también la suspensión temporal de la concesión o autorización en las zonas de hamacas, hidropedales, chiringuitos o similares hasta un año para infracciones muy graves e, incluso, la revocación o pérdida de la misma. Para infracciones graves, se reducirá a un período de hasta seis meses.

Como graves se plantean como tales arrojar al agua objetos, realizar fuego en zonas no autorizadas, usar bombonas de gas o celebrar moragas o barbacoas sin autorización previa. Serán muy graves el mal uso o deterioro grave de los bienes de titularidad pública localizados en la zona marítimo-terrestre.

Esta ordenanza regulará asimismo la instalación de tiendas de campaña u otras similares que puedan servir para pernoctar en las playas, algo que quedará prohibido, al igual que hacer fuego en la playa, salvo en lugares expresamente autorizados.

Para hacer moragas en las playas será obligatorio solicitar una autorización con cinco días hábiles de antelación como mínimo y la venta ambulante estará prohibida, según la ordenanza.

Como infracciones leves se prevé la práctica de la pesca en cualquiera de sus modalidades en lugar, época u horario no autorizado o la realización de esculturas de arena sin autorización municipal, entre otras.

Otro de los aspectos que regulará la norma es el horario de la pesca desde la orilla, que quedará prohibido de 09.00 a 22.00 horas, ambas incluidas. La temporada de baño quedará establecida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año.

El alcalde, Francisco Salado, ha indicado que se trata de una ordenanza "necesaria" que servirá para "proteger y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". Además, defenderá el medio ambiente, ha finalizado.