Una auditoría realizada por KPMG y entregada a la jueza que instruye la querella criminal presentada por un socio minorista contra la cúpula del Banco Pastor concluye que no se aprecia la existencia de "manipulación o irregularidad contable alguna" en la entidad ahora integrada en el Banco Popular y pone en cuestión el informe de la parte querellante, realizado por una socio profesional del despacho de abogados que le lleva su representación legal.

Banco Pastor, que habitualmente trabaja con la auditora Deloitte, encargó a KPMG un informe que, entre sus conclusiones, avala las prácticas contables de la entidad financiera, que están siendo investigadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña por posible delito de falsificación de documentos mercantiles.

La querella criminal interpuesta por Manuel G.S. se presentó el 13 de octubre de 2011 por delitos derivados de la administración fraudulenta, por dos delitos relativos al mercado y a los consumidores, uno societario, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa.

KPMG señala que, "con el debido respeto profesional", el informe firmado por una de las socio profesional del despacho de abogados Frade Gobeo constituye "un despropósito desde la perspectiva técnica económica, financiera y contable". Según la auditoría encargada por el Pastor, a la que ha tenido acceso Europa Press, el informe efectúa "una infundada e incorrecta aplicación parcial o limitada de la normativa contable".

Agrega que, incurre en "omisiones muy relevantes, sin metodología ni fundamentación y sin aplicación de los procedimientos de verificación preceptivos", lo cual alerta que provoca "una grave distorsión de la realidad totalmente distinta", que "es invertida de forma arbitraria, sesgada y con nulo fundamento técnico".

Este viernes compareció ante la jueza instructora el exconsejero delegado del Banco Pastor, Jorge Gost, quien se remitió a la normativa del Banco España para justificar la gestión de la entidad y negar que se falseasen las cuentas, tal y como sostiene en la querella presentada contra él y contra el presidente de la entidad, José María Arias Mosquera, también imputado en esta causa.