El portavoz del Consell y presidente del Partido Popular en Alicante, José Ciscar, le ha deseado a la diputada provincial y exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, "un final feliz" y que éste se produzca "rápidamente" para que su situación judicial cambie a la hora de conformar las listas electorales de los 'populares'.

Precisamente ayer, Lorente ofreció una rueda de prensa para hablar de su decisión de abandonar "temporalmente" su cargo al frente del área de Ciclo Hídrico en la Diputación de Alicante, tras ser procesada por falsedad documental por unas obras municipales cuando era primera edil oriolana, una resolución de carácter "personal" —según dijo— y que ha adoptado para evitar situarse "en la agenda electoral".

Por su parte, José Ciscar ha recalcado su deseo de que la ex primera edil tenga "un final feliz en todos su procesos, no solo en la causa por la que está procesada sino también en la pieza de Brugal donde está imputada".

"Y que ese final —ha agregado— llegue lo antes posible para que cuando llegue el momento de las candidaturas no se le tenga que aplicar las premisas que el presidente de la Generalitat y del partido en la Comunitat, Alberto Fabra, ha marcado en estos casos y que dicen que cualquier imputado por cualquier asunto relacionado con presunta corrupción no podrá ir en las listas; deseamos que se resuelva lo antes posible favorablemente a ella", ha insistido.

Asimismo, Ciscar ha observado que, cuando Fabra "endureció la línea de actuación contra la corrupción no estaba personalizando contra nadie, sino que es una regla general que tienen que cumplir todas las personas que estén en esa situación".

El vicepresidente de Ejecutivo autonómico lo ha justificado en la "preocupación de la sociedad por este tipo de situaciones y el president lo que quiere es, entre todos, recuperar la confianza ciudadana en la política y los cargos públicos y por eso es por lo que lucha".

Presunción de inocencia

Seguidamente, ha hecho notar que eso "no implica ninguna vulneración del principio de presunción de inocencia que tienen todas las personas hasta que se dicte sentencia condenatoria".

"Es un principio que defendemos al máximo pero también hay una percepción social que tenemos que combatir porque no es bueno que haya desafección entre ciudadanos y políticos", ha rematado.