La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha renunciado a hacer una pre-selección y ha elevado al Pleno de la próxima semana el nombre de los seis magistrados que se han presentado como candidatos a presidir la Audiencia Nacional pese a que desde ámbitos judiciales todos dan por segura la designación del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro.

La decisión ha sido adoptada después de que ayer los seis candidatos, tres de ellos magistrados de este órgano, expusieran su proyecto para la Audiencia Nacional en la sede del órgano de gobierno de los jueces.

Todos ellos plantearon la necesidad de que las competencias de este órgano sean redefinidas con el objetivo de luchar de forma más efectiva contra las organizaciones dedicadas a la delincuencia financiera o relacionada con la corrupción a nivel nacional.

Del total de seis aspirantes, los ya magistrados en la Audiencia Nacional son los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu e Ismael Moreno y el integrante de la Sección Primera de la Sala de lo Penal Javier Martínez Lázaro.

El resto de candidatos son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias José Ramón Navarro, que es el que suena como favorito según fuentes judiciales consultadas por Europa Press; el juez de enlace de España en Francia Juan Pablo González y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa, quien fue candidato por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional.

Proyecto de navarro

Durante su intervención, Navarro desgranó este jueves ante la Comisión Permanente lo que cree que deben ser las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que deben ir desde las existentes de delitos contra el titular de la Corona, terrorismo, piratería o relacionados con la manipulación genética, falsificaciones y defraudaciones para alterar el precio de las cosas cuando afecte a la economía nacional.

A ellas debían sumarse, según este magistrado, los delitos cometidos por organizaciones de carácter trasnacional, como trata de los seres humanos y los casos de corrupción que produzcan graves daños a la hacienda pública. En este punto coincidió con la opinión expresada por magistrados ya en la Audiencia como Andreu (instructor del caso Bankia), Moreno o el miembro de la Sala de lo Penal Martínez-Lázaro.

También propone Navarro la creación en la Audiencia Nacional de una Sala de lo Civil que se sume a las ya existentes de lo Penal, de lo Contencioso y de lo Social, con el fin de evitar la disparidad de criterios en asuntos relativos a demandas colectivas de consumidores o concursos de acreedores que afecten a empresas con un número determinado de trabajadores o centros de trabajo en varias comunidades autónomas.