El recorrido del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana está plagado de obstáculos. A las críticas iniciales se suceden desde hace semanas los informes poco favorables de órganos consultivos y los reproches de algunas instituciones, organizaciones y partidos políticos.

Aún se tienen que pronunciar, no obstante, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que están tirando de minuciosidad. El siguiente paso será, previsiblemente, la reescritura del texto en función de las recomendaciones y la vuelta al Consejo de Ministros para iniciar el trámite parlamentario en Cortes, que también promete ser tortuoso a tenor de las opiniones de varios de los grupos.

Interior envió el expediente de la futura ley de seguridad ciudadana al Consejo de Estado el pasado mes de diciembre, pero este se lo devolvió por incompleto. Es un trámite habitual, según explican fuentes del órgano a 20minutos. El expediente fue a parar, como todos los que tienen como origen el departamento de Jorge Fernández Díaz, a la sección tercera, que preside Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

En el Consejo de Estado desconocen cuánto tardará Interior en proporcionar la información requerida y no se aventuran a dar una fecha tope para el dictamen, ya que desconocen si el trámite llevará aparejada la coletilla de 'urgente'; fuentes del Ministerio, por su parte, tampoco son capaces de hablar de plazos concretos. De todas formas, en este caso la consulta del Gobierno al Consejo de Estado es facultativa, es decir, no es obligatoria.

En cuanto al CGPJ, el pasado 6 de marzo el órgano de Gobierno de los jueces pidió una segunda prórroga para estudiar el texto tras haberlo recibido a principios de enero; el 7 de enero se designó a los ponentes, Wenceslao Olea y Maria Victoria Cinto. El plazo normal para emitir informe es de 30 días y el 28 de enero se pidió una primera prórroga que empezó a contar desde el 3 de febrero.

Fuentes del Consejo explican a 20minutos que estas prórrogas se deben a "la importancia y la dificultad" de la materia a analizar y que el anteproyecto no se vería, en principio, en el pleno de marzo, sino que se demoraría hasta el de abril, que se celebrará "el día 24". Hace menos de un mes se filtró a El País el documento de trabajo de los ponentes; a falta de alegaciones, era muy crítico con el anteproyecto.

Entre otras cosas, el texto cree de "dudosa constitucionalidad" la regulación de la identificación de personas y la posibilidad de practicar detenciones por "faltas penales o infracciones administrativas". Ve criterios "excesivamente amplios" para justificar la intervención policial y rechaza que empresas y empleados de seguridad privada puedan colaborar en disolver manifestaciones.

El pasado mes de febrero habló el Consejo Fiscal. Los fiscales, según se conoció entonces, aprecian trazas de inconstitucionalidad en varios puntos del anteproyecto de ley y, a lo largo de todo su informe, una y otra vez, señalan que algunos de sus apartados se pisan directamente con el Código Penal e incluso con la Ley Electoral. Hablan de redacciones demasiado generales, confusas e imprecisas.

Recuerda el Consejo, por ejemplo, que la Constitución dice que el domicilio es inviolable y que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". La futura ley, explica el informe, obvia la alusión al flagrante delito. No entiende tampoco el Consejo qué significa exactamente convocar una manifestación "con finalidad coactiva".

Duda, asimismo, de que se justifique suficientemente la "retención" de personas para ser identificadas; rechaza la redacción sobre los encapuchados en protestas porque podría parecer que "el núcleo de la infracción es llevar el rostro tapado"; y cree un límite "al derecho a la información" el artículo referido al uso de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad.

El Consejo Fiscal apunta también que el anteproyecto de ley omite "la referencia a la nacionalidad como factor de no discriminación" en las identificaciones y que, y esto es importante, no consta en ninguna parte que la Administración tenga que "paralizar el procedimiento cuando los hechos sean constitutivos de delito", es decir, que se contempla una posible sanción aunque haya un proceso penal pendiente o que haya ya condenados por un delito.

El otro órgano consultivo al que Interior ha preguntado es la Agencia de Protección de Datos. El motivo, según explicó Fernández Díaz el día de la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros, es la creación del Registro Central de Infracciones Administrativas contra la Seguridad Ciudadana, "cosa necesaria a efectos de los supuestos de reincidencia".

Además, explicó, hay que saber si a la hora de conceder, por ejemplo, un permiso de armas, la persona que lo solicita "goza" de las características y requisitos exigibles". Según publica El Confidencial, la Agencia habría puesto algunas pegas técnicas a la creación del registro mencionado porque no "garantiza la privacidad de los ciudadanos que hayan cometido alguna infracción".

"Si va más lejos trataré el tema con las autoridades españolas", dijo el pasado mes de diciembre el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, sobre el anteproyecto de ley, que calificó de "altamente problemático". En febrero, activistas de la organización Greenpeace amordazaron a los leones de las Cortes en protesta por la futura norma.

El pasado 24 de febrero, la comisaria europea de Justicia Viviane Reding, contestó en una respuesta parlamentaria a la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao que la Comisión Europea "confía plenamente en la voluntad de las autoridades españolas de garantizar el respeto de todos los derechos fundamentales, como exigen su propia Constitución y sus obligaciones internacionales".

El exjuez Baltasar Garzón dijo hace un par de meses que la futura ley es "una regresión" y señaló que "a base de palos y sanciones por manifestarse para reclamar derechos no se consigue un mejor país sino que se asusta". El PSOE, por su parte, ya ha dicho que el anteproyecto le parece "una ley de represión ciudadana puramente ideológica de la derecha" e Izquierda Plural la llama ley de "la patada en la boca a la democracia".