El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado a UGT la sentencia por la que se condena solidariamente a la empresa Prosider Ibércia S.A. a indemnizar con más de 274.000 euros a F.G.A. por su exposición al amianto durante el desarrollo de sus funciones laborales.

"El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León refuerza el convencimiento de nuestra organización de que se debe crear un fondo de compensación para los afectados por amianto, nos sirve de acicate en nuestro empeño por encontrar a todos aquellos trabajadores o sus familiares que pudieron estar expuestos décadas atrás a este mortífero mineral en Burgos", han señalado desde UGT a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La sentencia declara probado que el trabajador estuvo expuesto al amianto a niveles superiores a los permitidos por la normativa vigente, sin que se hubiesen adoptado las medidas de prevención y protección exigibles, tal y como estableció el Juzgado de lo Social número 3 de la capital burgalesa en abril de 2013, que de este modo estimaba parcialmente la demanda presentada por UGT.

Las mismas fuentes han trasladado su "alegría" por esta resolución, que confirma una de las indemnizaciones más altas de Castilla y León a un afectado por amianto, a la vez que han declarado que "llega tarde", puesto que F.G.A falleció el 25 de agosto del pasado año a consecuencia de diversas enfermedades pulmonares causadas por este mineral.

F.G.A trabajó durante décadas en las oficinas de logística de la empresa condenada, desarrollando tareas de compra, gestión de excedentes y recepción y expedición de materias primas y productos manufacturados, por lo que el tiempo de su jornada laboral en lugares donde se almacenaba y manipulaba amianto fue mínimo.

La delegación provincial de UGT de Burgos reclama desde hace años la creación de un fondo de compensación para las víctimas que, de forma similar al que existen en otros países europeos, evite que sus indemnizaciones dependan de largos procesos judiciales.

Asimismo, exigen que se adopten las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas víctimas de amianto, por lo que instan a la creación de un inventario y registro de los edificios e instalaciones con este mineral, así como a desarrollar modelos que detecten su presencia y el establecimiento de un plan de acción para su retirada, entre otras medidas.

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