La familia del cámara José Couso, miembros del movimiento Falun Gong presuntamente torturados por mandatarios chinos o víctimas españolas de crímenes cometidos en el Sáhara han advertido que llevarán al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario el fin de la justicia universal, que les "deja por los suelos" para dar "impunidad a asesinos, genocidas y torturadores".

Así se han expresado en declaraciones a Europa Press después de que el Senado haya dado luz verde a la reforma de la justicia universal, que aboca al archivo a los casos abiertos en la Audiencia Nacional que no reúnan los nuevos requisitos.

David Couso, hermano del cámara de Telecinco fallecido en el ataque de Estados Unidos al hotel Palestina de Irak el 8 de abril de 2003, ha visto en la reforma un "claro favor a la impunidad" para defender a los "asesinos". Según ha añadido, su familia no ha emprendido una "lucha personal", sino que considera que esta ley desprotege a todos los periodistas que se encuentran en países en conflicto.

"Nos deja por los suelos", ha indicado Couso, sobre el lugar en el que la ley impulsada por el PP sitúa a las víctimas. Ha añadido que su defensa interpondrá las acciones que sean necesarias, entre ellas acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo, para conseguir justicia.

Un cambio legal por "motivos económicos y políticos"

En la misma línea se ha expresado el abogado Manuel Ollé, personado en el caso de los Vuelos de la CIA, los genocidios del Sáhara y Guatemala o el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría en el Salvador. En su opinión, la norma obedece a "motivos estrictamente económicos y políticos" por la "presión" de China al Gobierno español.

Ollé ha considerado que la norma vulnera el derecho internacional y la Constitución española. Por ello, defenderá en primer lugar que sus causas sigan abiertas en la Audiencia Nacional y, en caso de ser archivadas, llegará hasta el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Lamentablemente supone un auténtico genocidio a la ley de la justicia universal y a la defensa de los derechos humanos por parte de España frente a los crímenes más graves contra la humanidad", ha remachado.

En este mismo sentido se ha pronunciado el abogado, Carlos Iglesias, defensor de miembros del movimiento Falun Gong personados en la Audiencia Nacional contra varios dirigentes comunistas chinos por presuntos delitos de genocidio y torturas.

"El Gobierno se ha sometido a los plegados y a la imposición de una dictadura del partido comunista chino", ha señalado el letrado, para quien el Ejecutivo español ha aceptado cambiar sus "leyes democráticas por las imposiciones de una dictadura para dar confort a genocidas y torturadores".

Por todo ello, Iglesias ha concluido que analizará todas las acciones judiciales para defender a sus clientes frente a la posible inconstitucionalidad de esta norma y ha recordado el deber que impone la Carta Magna, en su artículo 118, de acatar las resoluciones judiciales firmes y de colaborar con la Justicia.

La Audiencia Nacional ordenó recientemente dictar las órdenes de busca y captura de varios dirigentes chinos por su presunta responsabilidad en el genocidio en el Tíbet. El embajador chino en España, Zhu Bangzao, ha confiado este mismo miércoles en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda visitar "este año" China, después de que se solucione de manera "adecuada" el "problema" que provocó esta decisión de la Audiencia Nacional.