Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la que instan a la Junta a solicitar al Gobierno la elaboración de una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico en la que se articule una respuesta conjunta a los desafíos "presentes y futuros" con participación de todas las administraciones públicas y con previsión de su continuidad en el ámbito de la Unión Europea.

En la defensa de la PNL, el procurador 'popular' Juan José Sanz Vitorio ha recordado la pérdida de población registrada en España en 2012, lo que afectó prácticamente a todas las comunidades, pero más aún en algunas como Castilla y León, donde considera que hay factores de naturaleza más estructural que provocan este hecho como un mayor envejecimiento, un saldo vegetativo negativo más profundo y su propia estructura con 2.248 municipios, una "gran atomización" y "baja densidad".

Ante esta situación, ha recordado que la Junta ha establecido una estrategia de alianzas con otros gobiernos autonómicos para avanzar en el abordaje de la despoblación y ha celebrado dos encuentros interterritoriales en los que han participado comunidades, incluso de otros colores políticos al de Castilla y León, que han suscrito una declaración en uno de cuyos puntos se habla de solicitar la citada Estrategia y presentar iniciativas en los diferentes parlamentos autonómicos.

En este sentido, Sanz Vitorio ha asegurado que es "necesario" que el Gobierno de España se involucre en la elaboración de la estrategia como manual para afrontar el cambio demográfico y lo articule como un reto de presente y futuro y se vincule a todas las administraciones, pero también tenga continuidad en Europa.

Fracaso de la junta

Durante el debate, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha aplaudido lo que considera un "cambio de actitud" de la Junta en relación a la despoblación, debido a que a su juicio con esta PNL reconoce el fracaso de 27 años de "intentos fallidos" de lucha contra este problema, que además supone el argumento que los consejeros utilizan para justificar los "recortes" en sus departamentos, ya que "menos población, menos recursos".

Redondo, a pesar de que su Grupo ha apoyado la iniciativa, ha defendido por otro lado una enmienda de adición porque considera que hay que plantear una colaboración más concreta entre administraciones. "A Rajoy rogando y con el mazo de la Junta dando", ha dicho Redondo, quien ha reclamado que se exija también al Gobierno financiación, más políticas de empleo, también público, y una estrategia de fijación de empresas en el ámbito rural.

En este sentido, ha señalado que no se puede pedir sólo al Gobierno central que luche contra la despoblación ni dejar de "asumir" la responsabilidad en esta materia.

Por otro lado, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, ha calificado esta cuestión de "problemón" que no se puede acometer "solo" desde la Comunidad y ha criticado que en los últimos 30 años se haya perdido un 10 por ciento de población en León, Zamora y Salamanca mientras Valladolid ha ganado un 8 por ciento.

Valderas ha atribuido a la centralización de los servicios de la Junta el incremento de población que se ha concentrado en Valladolid, algo que va en contra de la población en el ámbito rural y ha reclamado que se estudie más situar empleo público en otros lugares que en el "cabezón" que es la capital vallisoletana.