El juzgado social número 2 de Tarragona estimó que la demanda interpuesta por los abogados del Col·lectiu Ronda, defensores de los 13 afectados por intoxicación laboral en el CAP Tarraco contra el Institut Català de la Salut, tiene fundamento y que existe una responsabilidad administrativa del Departament de Salut y de la empresa fumigadora.