Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, han registrado este lunes, 3 de marzo, una iniciativa para que el Parlamento autonómico, en sesión plenaria, debata la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, también llamada de la reforma local, aprobada el pasado 27 de diciembre.

Los portavoces de los tres grupos, el socialista Javier Sada, el de CHA, José Luis Soro, y la de IU, Patricia Luquin, han explicado que hubieran preferido que desde los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón se hubiera emitido un informe sobre esta ley para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero "otros portavoces han impedido esta cuestión" y "era urgente presentar" la iniciativa ya que el plazo para recurrir finaliza el 30 de marzo.

Puesto que no ha sido así, han elaborado un texto para su debate en el pleno, previa calificación por la Mesa de las Cortes de Aragón, que argumenta que la ley de reforma local se "extralimita" porque es un ley básica "que pone en cuestión competencias autonómicas" y que otorga algunas cuando esto solo puede hacerse a través de los Estatutos de Autonomía, ha explicado el portavoz del PSOE.

Además, "lesiona la autonomía local" y el "principio democrático en el mundo rural", ha argumentado Sada, que ha mostrado su "preocupación" por la incidencia de la nueva ley "en los ciudadanos", que "consideran desde siempre que la institución más cerca son los ayuntamientos", que "con mayor eficacia viene prestando los servicios" y donde existe "un mayor control democrático".

El parlamentario socialista ha sostenido que la nueva ley "no tiene ninguna justificación" y "va a provocar una reducción del gasto por la vía de la reducción de los servicios a los ciudadanos, sobre todo a los del medio rural", y supone un "golpe" a los ayuntamientos.

Sada ha deseado que esta iniciativa "vaya adelante" puesto que "no es una cuestión cerrada", sino que "esperamos que los otros dos grupos, tanto PAR como PP, se unan y pueda apoyarse de forma unánime".

Unión por los ciudadanos

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha manifestado que los tres grupos "nos hemos unido en defensa de los derechos de los ciudadanos" porque son quienes "salen perjudicados" con la reforma, así como "la calidad de los servicios del medio rural y de las ciudades", ya que la reforma supone dejar a los ayuntamientos, "la puerta más cercana", "vacíos de competencias y financiación", "sin posibilidad de ayudar a su gente".

Además, la nueva norma "encierra una campaña de privatización a gran escala" ya que "se van a privatizar la mayoría de los servicios públicos" que prestaban hasta ahora los municipios "y no estamos dispuestos".

Igualmente, ha enfatizado que la reforma implica "un golpe contra la democracia que representa el mundo local" y ha recordado que de forma paralela a esta iniciativa están presentando en los plenos municipales otras para "la defensa de la autonomía local".

Soro ha incidido en la "facilidad" para "ponernos de acuerdo" los tres grupos y ha subrayado la premura de que se tramite en la Mesa y Junta de Portavoces y se debata en pleno puesto que el plazo para recurrir finaliza este mes. "Esperamos que los partidos que no están aquí estén a la altura de las circunstancias y defiendan a los ciudadanos aragoneses", ha apostillado.

En este sentido, ha aclarado que este martes se conocerá sí se admite esta iniciativa para su debate en el pleno. En función de la postura de PP y PAR, su grupo decidirá si continua asistiendo a la ponencia de las Cortes de Aragón que está diseñando el reparto competencial de la Administración local en la Comunidad autónoma.

Al respecto ha manifestado que un informe realizado por las dos letradas de la ponencia señala que la nueva ley "vulnera las competencias de Aragón" por lo que de no admitirse su iniciativa será "difícil trabajar en esas condiciones".

El diputado del PSOE, Javier Sada, ha añadido que ese informe "refuerza los argumentos de este recurso" y se ha mostrado a la expectativa de "ver qué nivel de coherencia y participación del PP y del PAR asumen", para remarcar que si no apoyan su petición será "difícil" porque "la ley entra en colisión con los trabajos de la ponencia".

DEMOLICIÓN

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha criticado la "demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los ayuntamientos en 1979 a través de esta ley", que "con ese nombre de sostenibilidad y racionalización habla de menos derechos, menos servicios y menos democracia" si se aplica como está, una "ley antiayuntamientos" que supone un "ataque e injerencia".

Según ha expuesto, "va a afectar a los servicios que prestan los ayuntamientos, la institución más cercana", que los van a dejar de ofrecer, al tiempo que "abre la puerta el desmantelamiento de los servicios públicos municipales" y su "privatización", y, además, "va a recortar la pluralidad" en los consistorios, de forma que habrá "menos democracia".

También ha recalcado la "importancia de que haya una financiación local suficiente", pero en esta reforma "no se ha hablado" de ella y "no sabemos cómo se van a financiar las competencias que se trasladan a las Comunidades autónomas".

Sobre su participación en la ponencia que diseña el reparto competencial de la Administración local en Aragón, Luquin ha comentado que tomarán una decisión "según la respuesta" de PP y PAR a la propuesta del recurso de inconstitucionalidad.