La Comunidad y el Ministerio de Fomento han respondido a la queja que, en un principio, tramitó el Defensor del Pueblo de la Región a instancias de la Asamblea de Vecinos de Lorca afectados por el terremoto del 11 de mayo de 2011 y que, tras la supresión de dicha institución, la asumió la Defensora del Pueblo, que inició actuaciones ante el Ayuntamiento de Lorca, el Ministerio de Fomento y la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.

Así, según la información que requirió, se han resuelto 1.525 solicitudes de ayudas para el alquiler, lo que supone más del 97 por ciento del total, todo ello para la rehabilitación y reconstrucción de Lorca. Mientras que no se han resuelto hasta la fecha las que incurren en defectos por motivos ajenos a las administraciones.

En julio del pasado año, la Defensora del Pueblo visitó el municipio con el fin de conocer de primera mano los problemas que preocupaban a los afectados, tales como reconstrucción de equipamientos sanitarios y educativos, retraso en las ayudas al alquiler, en la construcción de 300 viviendas modulares y en la reconstrucción de viviendas al exigirse la unanimidad en las comunidades de propietarios para afrontar los gastos.

De la información recibida, dice el informe de la Defensora del Pueblo 2013, se deducía que la reconstrucción de los equipamientos sanitarios y educativos "se encontraba encauzada". De hecho, ambas Administraciones, estatal y autonómica, "facilitaron información completa y detallada de las actuaciones que estaba realizando o tenía previsto realizar el Gobierno de la Región con los fondos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones".

Así, se sugirió al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Presidencia que "estudiaran e implantaran, para agilizar la puesta a disposición de suelo urbanizado, alguna de las alternativas posibles como, por ejemplo, que la Administración autonómica financiara la actuación a favor del Ayuntamiento, que urbanizara en sustitución o que interviniera la Entidad Pública Empresarial de Suelo Sepes como agente urbanizador".

Lo mismo cabe decir sobre "la posibilidad de que la Comunidad financie la actuación a favor del Ayuntamiento o que urbanice en sustitución" y también se les sugirió que "agilizaran la tramitación de las solicitudes de ayudas al alquiler, de forma que aquellas que estuvieran pendientes de aprobación fueran resueltas a la mayor brevedad y se procediera a abonar las que ya estaban aprobadas pero pendientes de pago".

Desde la Defensora del Pueblo se pone de manifiesto que tanto el Ministerio de Fomento como Sepes "son competentes para tratar el asunto con la Comunidad e incluso con el Ayuntamiento para discutirlo, dar ideas, reunirse y debatir". Para este caso, subraya, "existe una Comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca".

Esta información ha sido comunicada por el Defensor del Pueblo a la Asamblea de Vecinos, para que formulen alegaciones e indiquen cuáles son sus actuales pretensiones y los aspectos relacionados con la reconstrucción y recuperación de Lorca no subsanados y que, por tanto, siguen preocupando a los comparecientes.