Los cinco grupos de las Cortes autonómicas —PP, PSOE, PAR, CHA e IU— han respaldado la institución del Justicia de Aragón y el trabajo realizado por el equipo encabezado por Fernando García Vicente, cuyo informe anual representa una "radiografía de la sociedad aragonesa" y un "termómetro del trato de la Administración al ciudadano". Así lo han señalado con motivo de la comparecencia de García Vicente ante el pleno de las Cortes de Aragón para dar a conocer la actividad de la Institución en 2013.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha subrayado que el Justicia es una institución que, junto con el Parlamento aragonés, "representan la voluntad democrática de los aragoneses de vivir protegidos bajo el amparo del Derecho, una de nuestras señas de identidad", al tiempo que ha hecho un "reconocimiento de su figura histórica" y a su tarea de dar a conocer el ordenamiento jurídico aragonés "frente a quienes quieren reescribir nuestra historia".

Por otra parte, ha reseñado que el informe de 2013 refleja "que han desaparecido quejas repetidas en materia de transparencia" y también las relativas al proceso de escolarización. Además, ha recalcado que el Gobierno está pendiente "de lo urgente", así como de realizar reformas para "estar en las mejores circunstancias cuando superemos la crisis".

En este sentido, ha mencionado el incremento del presupuesto del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) de 6,5 a 28 millones de euros esta legislatura; el Fondo de excusión social y ayuda familiar urgente y los 10 millones de euros en vivienda social, entre otras cuestiones, además de "reformar el sistema sanitario y social para que sea sostenible" y de realizar una nueva ley educativa para que esta "no sea un problema en el futuro para encontrar un trabajo".

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha estimado que el informe ofrece "un escáner de la situación que tiene hoy Aragón" y ha agradecido el trabajo realizado por la Institución, para considerar "grave que muchas quejas se refieran a la supervivencia de los aragoneses, consecuencia de la crisis", con una parte de la población que "no tiene lo mínimo para vivir con dignidad".

Broto ha comentado que "los profesores sufren una verdadera precariedad laboral", cuando son "los más importantes para que el sistema educativo dé respuesta a las necesidades de la sociedad" y ha repasado otros problemas, que, a su entender, deben "hacer replantar al Gobierno sus políticas" y "no anteponer el control del déficit a las personas".

Asimismo, ha dicho que la información aportada por el Justicia "nos reafirmar en nuestra labor de oposición", ha abogado por "salir de la crisis reforzados y todos juntos" y ha deseado que en futuros informes predominen las cuestiones relacionadas con la calidad, la mejora y la defensa del Estatuto de Autonomía y "no con la supervivencia".

Más necesario que nunca

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha sostenido que "el Justiciazgo es ahora más necesario que nunca, representa la primacía del Derecho y de las libertades de Aragón y de los aragoneses" y supone "un modelo garantista", con el que la Comunidad autónoma "fue pionera", para rechazar "algunos informes del Gobierno central redactados desde la fría lejanía de Madrid" que recomiendan suprimir algunos defensores del pueblo autonómicos.

"El Justicia de Aragón para nosotros es intocable, seguirá siéndolo y me alegro de la unanimidad sobre esta cuestión en esta Cámara", para recalcar que "cada año tramita más quejas, en esta ocasión el 12 por ciento más", que reflejan "las preocupaciones y anhelos de los aragoneses y que avalan su trabajo".

Ha agregado que "valoramos mucho" su labor y ha destacado el "alto grado" de acepción de las sugerencias por parte de las Administraciones, que, no obstante, "sería deseable que fuera cada vez mayor".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha remarcado que el Justicia ha contribuido en 2013 a resolver los problemas de los aragoneses en 1.710 ocasiones y ha defendido la permanencia de una Institución que defiende los derechos de los ciudadanos, para calificar de "indecente" que haya quien quiera medir esa actuación "en euros" y plantee su desaparición.

Igualmente, ha recalcado la buena percepción que los aragoneses tienen del Justicia, un órgano en el que "no hay duplicidades" con el Defensor del Pueblo de ámbito estatal, además que en Aragón "es mucho más", ya que "tutela el ordenamiento jurídico aragonés" y vela por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, con 34 expedientes en esta materia en 2013, ha comentado.

Por otra parte, ha considerado "impresentables" los problemas de los ciudadanos para percibir el IAI, ha vaticinado más problemas con la propuesta de reforma realizada por el Gobierno y ha lamentado que los bancos "sigan embargando por encima de lo que la ley permite", para criticar la evaluación educativa llevada a cabo en Teruel y los problemas para acceder a las becas de comedor cuando, para algunos niños "es la única comida caliente o la única comida" al día que hacen.

COHERENCIA

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha señalado que en coherencia con la defensa del Justicia las instituciones deberían atender sus sugerencias en un porcentaje mayor, para apostar, en materia de función pública, por la convocatoria de un mayor número de plazas y así reducir la tasa de interinidad.

Respecto a las quejas tramitadas, ha apuntado que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia "encabeza el ranking", con 1.109 quejas en este ámbito, fruto de los retrasos en la concesión del IAI, "para ahorrar dinero", así como de las carencias en dependencia, discapacidad y atención a personas mayores, entre otras cuestiones, ha dicho.

Le sigue el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, ha continuado Barrena, del que ha criticado las condiciones, "por debajo de los niveles de pobreza", que se exigen a las familias para poder optar a una beca de comedor, así como a otros problemas de escolarización y a la "desatención del medio rural". Por otra parte, ha propuesto nacionalizar el sector energético para evitar "hacer negocio" con un servicio como ese.