Inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encontraron el pasado día 20 "residuos biosanitarios materiales mezclados con residuos biosanitarios humanos" entre los contenedores de la madrileña clínica abortiva Isadora.

Tras proceder a "la eliminación de los residuos biosanitarios materiales y la incineración de una parte de los residuos humanos, tal y como marca la legislación vigente en materia de sanidad mortuoria", "otra parte" de los residuos biosanitarios humanos hallados en la clínica ha sido traslada por el Seprona "para su estudio por parte del forense", informó a Europa Press la Dirección General de Salud Pública.

La inspección de la clínica se llevó a cabo tras una denuncia del pasado mes de junio del Partido Social Europeo, miembro junto con la Federación Internacional de Médicos Católicos, Hazteoir.org y Unidos por la Vida, de la Plataforma La Vida Importa--, a instancias del Seprona, "que alertó de posibles deficiencias en la gestión y eliminación de residuos biosanitarios en la Clínica Isadora".

Los técnicos de Salud Pública procedieron a la separación adecuada de estos residuos, diferenciándolos conforme a la tipología fijada en el Decreto, señala Salud Pública, que agrega que "posteriormente, se ordenó la eliminación de los residuos biosanitarios materiales y la incineración de una parte de los residuos humanos, tal y como marca la legislación vigente en materia de sanidad mortuoria", y concluye indicando que "otra parte de los residuos biosanitarios humanos hallados en la cínica

Petición de cierre cautelar

Por su parte, la Plataforma "La Vida Importa" anunció hoy en un comunicado remitido a Europa Press que solicitará de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid el cierre cautelar de la Clínica Isadora "mientras las autoridades competentes finalizan sus investigaciones" y aseguró que cree que podría haberse verificado la presencia, en los cubos de basura de dicha clínica, "no sólo de abundante material de quirófano, sino también de siete fetos".

A su juicio, estos fetos habrían sido enviados al Instituto Anatómico Forense "a fin de estudiar la causa de defunción, por si también hubiese delito de infanticidio, pues es habitual en abortos de más de 20 semanas, provocar el parto con Citotec, con lo que se procede a dar muerte al niño fuera del útero, en lugar de dentro del mismo, tal como marca la ley".

La plataforma aprovecha también para denunciar el presunto incumplimiento de dicha normativa del Centro Médico Aragón de Barcelona, donde señala, la Notaría Bosch-Bages ha levantado acta con documentación fotográfica de los abundantes restos biosanitarios encontrados en la basura de ese centro.

La Plataforma La vida importa anunció que convocará para junio una "gran manifestación por la dignidad de la vida humana en Madrid, donde pedirá de los poderes públicos el cumplimiento de la actual ley del aborto, con la limitación a 20 semanas y la garantía de la sanidad pública para expedir los certificados psicológicos".