El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha expuesto respecto a los criterios de planificación del curso escolar 2014-2015 que Andalucía seguirá garantizando "de forma prioritaria" la existencia de plazas públicas suficientes, adoptando "todas las medidas organizativas y curriculares" necesarias para una atención a la diversidad que impidan "la segregación temprana del alumno".

Esta afirmación, vertida en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, se produce en plena polémica a cuenta de la decisión de la administración autonómica de retirar ahora el concierto a unidades de hasta siete centros educativos religiosos —tres de ellos de Granada, dos de Sevilla, uno de Málaga y otro de Huelva— por entender que poseen ratios de alumnado bajas, decisión por la cual el secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Carlos Ruiz, ha confirmado a Europa Press que "se actuaría en proporción a la medida".

Sostiene Alonso que por el momento la administración autonómica desconoce el contenido de los decretos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), no obstante lo cual tiene claro que "el modelo educativo que conocemos va a sufrir importantísimos cambios, y no precisamente a mejor".

Así, y antes las urgencias del proceso de escolarización, al objeto de "garantizar la escolarización de todos los jóvenes, favoreciendo la igualdad y la optimización de los recursos públicos", se produciría una reducción "allí donde el descenso demográfico marca que no es necesaria su disponibilidad".

Por su parte, la diputada de IULV-CA Marina Segura ha mantenido que una de las estrategias de la Lomce es la de "consagrar por ley orgánica la subsidiariedad de la escuela pública frente a la privada", de tal manera que "antes, la administración solo tenía obligación de financiar plazas privadas cuando no tenía plazas públicas suficientes para garantizar la escolarización; ahora, la administración está obligada a financiar con dinero público cuantas plazas privadas demanden las familias, aunque eso suponga el cierre del colegio público de enfrente".

Por ello, la federación de izquierdas aboga por la optimización de los colegios públicos, "realizando una oferta de máximos de plazas públicas", y por no limitar la elección de las familias en el principio del proceso con una oferta de mínimos, o la bajada de la ratio para impedir la eliminación de unidades, lo que aumentaría la calidad.