Decenas de personas se han concentrado este jueves por la mañana para impedir el desalojo de Eva y sus dos hijos, de 9 y 11 años, quienes ocupan desde hace ocho meses un piso de la calle Martorelles, en el distrito de Nou Barris, que llevaba tres años vacío. No sabían que el miércoles por la tarde el Novacaixagalicia había pedido al juzgado que suspendiera su expulsión.

Eva, de 35 años, había trabajado de frutera, de camarera, limpiando... hasta que hace tres años se quedó en el paro y acabó viviendo en un garaje. "Conocía a la dueña (ya fallecida) y, al saber que el piso llevaba tres años vacío, le pedía a su hija que me lo alquilara pero como no se hablaban no quería saber nada y me dijo que podía meterme", ha explicado a 20minutos.

En enero se le acabó la ayuda familiar y está solicitando la renta mínima de inserción (RMI), aunque la trabajadora social le ha dicho que puede tardar un año en percibirla. "Y mientras tanto, ¿cómo doy de comer a mis hijos?", se pregunta Eva, quien actualmente sólo recibe 150 euros que el padre de sus hijos, también en paro, le transfiere cada mes para la manutención de los pequeños.

El de este jueves era el segundo intento de desalojo. "Hace dos semanas el banco se negó a negociar y no me ofreció ninguna alternativa porque no era cliente y no tenía derecho". Eva asegura que no ha recibido ninguna ayuda municipal para conseguir un alquiler social. Sin embargo, el banco solicitó al juez que paralizara el desalojo de la vivienda, que es de protección oficial.

Manuel Cubero, de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, ha explicado que más de 30 familias de la calle Martorelles se encuentran con problemas similares, bien porque han ocupado una vivienda, bien porque no pueden afrontar el pago de la hipoteca, pero en todos los casos son familias que sufrieron una expropiación motivado por un plan de intervención en el barrio que no se ha ejecutado. Cubero sostiene que hay unos 300.000 casos similares en todo el país.

Las familias afectadas de Torre Baró fueron expropiadas en 2007 y dieron la indemnización recibida como entrada para los pisos de protección oficial de Martorelles, lo que les permitía quedarse en el barrio. Para pagar el resto de la vivienda, contrataron hipotecas y el Estado sufragó el 30% de la cuota hasta 2009, cuando suprimió esta ayuda.

"Muchos se quedaron sin poder asumir el pago de la hipoteca", ha agregado Cubero, quien critica que ahora entidades financieras quieran quedarse con pisos de protección oficial del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.