El presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, ha afirmado este martes que el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la embotelladora única de Coca Cola (Iberian Partners), donde su compañía "no tiene capital ni interés", así como el cierre de cuatro plantas en España tiene "sentido empresarial", aunque "desgraciadamente" también tiene un impacto laboral que "a nadie gusta".

En declaraciones a los periodistas, De Quinto ha explicado que las siete embotelladoras en España han procedido a fusionarse para "poder expandirse fuera de España" y "esto trae duplicidades". En este sentido, ha detallado que Coca Cola Enterprises, con sede en Estados Unidos, distribuye a Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y los países escandinavos.

De esta manera, ha apuntado que se conseguirá que la embotelladora española, fruto de la fusión de las siete, "no sean asimiladas por otra mayor".

De Quinto, que ha asegurado que "personalmente" le duele que haya despidos, se ha mostrado convencido de que la embotelladora española va a hacer "las cosas con generosidad y minimizando el impacto de la necesaria fusión".

"Si en vez de cerrar la embotelladora cuatro plantas lo hiciera una empresa de capital riesgo, se quedarían a lo mejor con cuatro de 16", ha subrayado el presidente de Coca Cola España, quien ha afirmado que la embotelladora "no está utilizando la legislación para aprovecharse".

Ante las críticas sobre este proceso, ha señalado que "lo que es válido para las entidades financieras también es un sistema válido para las embotelladoras de Coca Cola". Por último, ha deseado que "cuanto antes" los trabajadores y la embotelladora alcancen un acuerdo que satisfaga a las partes y que no se alargue mucho". Así, ha marcado de plazo unos 18 meses para que se vuelva a generar empleo.

El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha propuesto este martes al Ayuntamiento de Fuenlabrada que si finalmente Coca-Cola cierra la planta embotelladora ubicada en dicha localidad estudie la posibilidad de "dejar fuera de ordenamiento urbano" dicha factoría, de manera que "no podría establecerse una nueva licencia de actividad".

Así lo ha transmitido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces el portavoz adjunto de los socialistas, José Quintana, quien ha señalado que esto sería bueno, "si los trabajadores lo comparten", porque "no tendría sentido que la empresa hiciera el gran negocio del año" con la factoría en el caso de abandonarla.

Según Quintana, esta decisión sería "un mensaje de contundencia de que estas grandes empresas no pueden hacer lo que quieran", en el caso de Coca-Cola, ha precisado, con 900 millones de euros de beneficio, con los que podría pagar durante 40 años el conjunto de las nóminas actuales, ha señalado.

Quintana ha afirmado además que la planta de distribución de Coca-Cola ubicada en Leganés "a día de hoy está funcionando y no tiene licencia de actividad ni de obras", por lo que "la Comunidad debería tomar decisiones en ese sentido", y ha preguntado por las "ayudas de formación" vinculadas a FP dual.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha manifestado que el ERE de la embotelladora de Coca-Cola "genera muchas dudas" y que "no es razonable" que una empresa con "grandes beneficios" presente un ERE que supone "deslocalizar una planta industrial en la Comunidad de Madrid".

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde el Grupo Parlamentario, lo que exigimos al Gobierno de España, que es el que tiene la responsabilidad de tramitar este ERE porque se trata de un ERE de ámbito estatal, es que sea muy riguroso en el cumplimiento de los requisitos", ha declarado el portavoz popular.

"Estamos hablando de una empresa que no está en crisis, que no tiene pérdidas, que tiene importantes beneficios", ha aseverado Henríquez de Luna, por lo que el ERE debe supervisarse "con mayor rigor si cabe", porque, según sus palabras, no es una empresa en crisis, con pérdidas, para las que la reforma laboral ha adoptado mecanismos de flexibilización, "para permitir la supervivencia de la empresa".

Asimismo, Henríquez de Luna ha manifestado el compromiso tanto de la Comunidad como del Grupo Parlamentario de "presionar y adoptar todas las medidas necesarias para que esa deslocalización de la planta de Fuenlabrada no se produzca" y "defender los intereses de los trabajadores madrileños".

En cuanto a impedir la concesión de una nueva licencia de actividad, el portavoz popular ha dicho que los Ayuntamientos tienen sus propias competencias en materia de suelo "que tendrán que gestionar como consideren oportunas", si bien ha abogado por la "seguridad jurídica" y "no utilizar la normativa para coaccionar o amedrentar".