Miles de personas acuden al acto de la AVT contra la reducción de pena de De Juana

El secretario general del PP, Angel Acebes, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han encabezado la delegación del PP que ha participado en la concentración que la AVT ha convocado en Madrid.

También acudieron la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, el portavoz de Justicia del PP Ignacio Astarloa y otros diputados populares como Ana Pastor.

Por una vez no hay guerra de víctimas. La Delegación del Gobierno cifra los asistentes en 78.559. La Comunidad de Madrid en 110.000.

Acebes ha asegurado a su llegada al acto que el PSOE dio "un paso más alejándose de las víctimas" al no acudir a la concentración convocada por la AVT en protesta por la rebaja de la condena de De Juana.

Aquí estamos todos para apoyar a los que sufren y no a los que generan sufrimiento
"Aquí estamos todos para apoyar a los que sufren y no a los que generan sufrimiento", añadió.

A la llegada a la Plaza de Colón, miembros de la AVT repartían pancartas en las que se podía leer en letras azules sobre un fondo blanco "Memoria, Dignidad y Justicia", y bajo esta frase la bandera de España, además se podía escuchar: "sí, sí, sí. Otra vez aquí".

También se podían contemplar gran cantidad de banderas españolas y otras pancartas en las que se podían leer preguntas: "Zapatero. ¿Quién está detrás del 11-M?", o exigencias: "Por la libertad exigimos Justicia", "Cumplimiento íntegro de penas" o "En mi nombre no negocies con asesinos-ETA".

Los miles de asistentes al acto ocupaban casi por completo la Plaza de Colón y parte de la calle Génova.

En el acto se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas que se ha roto con gritos de "¡Viva España!".

A continuación, han intervenido dos víctimas del terrorismo y posteriormente se ha realizado una ofrenda floral a las 25 personas asesinadas por De Juana.

El primero de ellos, Manuel González, herido en el atentado cometido el 14 de julio de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid contra un autobús de alumnos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, expresó su "tristeza y malestar" por la ausencia de miembros del Gobierno en el acto de hoy.

También habló la madre Silvia Martínez, la niña de seis años asesinada por ETA en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, al estallar un coche-bomba junto al cuartel de la Guardia Civil, cuya intervención fue especialmente dura para con el Gobierno, al que calificó de "cobarde y ruin".

Alcaraz no ha leído el manifiesto final previsto porque ha considerado que el testimonio de las víctimas que le había precedido era "más que suficiente".

El punto y final al acto se ha puesto con el himno de España.

Este hecho causó polémica en la última manifestación del Foro de Ermua celebrada contra el terrorismo, ya que el PSOE acusó al PP de vulnerar su uso.

Polémica por el motivo de la convocatoria

Este acto ha estado precedido por la polémica surgida en torno a los motivos reales de la convocatoria, sobre todo, tras la difusión de la solicitud de permiso que la AVT realizó a la Delegación del Gobierno en Madrid.

En ese documento, la asociación indicaba que el motivo para la celebración de la concentración era protestar por el fallo del Tribunal Supremo de rebajar al ex jefe del comando Madrid de 12 años y siete meses a tres años la pena por amenazas terroristas.

Enseguida, y tras la confirmación de que el PP iba a adherirse a la marcha, desde el PSOE y el Gobierno se cargó contra esta decisión del principal partido de la oposición al considerarla una "falta de respeto a las instituciones del Poder Judicial", tal y como ayer la consideró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Los motivos de la manifestación según la AVT

A raíz de las críticas Francisco José Alcaraz, se encargó de puntualizar cuál eran los dos motivos de la celebración de la concentración:

  • Homenajear, en primer lugar, a las 25 víctimas mortales del ex jefe del comando Madrid.
  • Exigir al Gobierno el cumplimiento de la pena de tres años de cárcel "sin ningún tipo de beneficio penitenciario"
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