La portavoz del grupo juntero de EB Berdeak en Álava, Nerea Gálvez, ha acusado este lunes a la Iglesia de "registrar a su nombre, con un coste irrisorio, numerosos bienes que pertenecen a los pueblos", por lo que ha presentado una moción, para su debate en pleno, en la que insta a la Diputación alavesa a inventariar los edificios y terrenos inmatriculados hasta 1998 y que hayan podido ser registrados posteriormente a nombre de la Iglesia Católica o particulares.

En su iniciativa, Gálvez señala que, según la Norma Foral 11/95 de Concejos del Territorio Histórico de Álava, los presidentes de Concejos deben "velar por la conservación del patrimonio de la entidad".

En este sentido, ha explicado que tras la supresión en el año 1998 del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de los lugares de culto, "se han realizado en todo el Estado miles de inscripciones de catedrales, iglesias, parroquias, ermitas, casas parroquiales, atrios, cementerios y otros bienes construidos o adquiridos y mantenidos por los pueblos, que hasta ahora estaban sin inscribir a nombre de ningún titular".

Asimismo, ha criticado que la Iglesia Católica se ha acogido a la "vía excepcional" que permite el artículo 206 de la Ley Hipotecaria para "registrar a su nombre, mediante la propia certificación del Diocesano y con un coste irrisorio, numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, ya que no requiere información pública, ni notaría, ni publicación de edictos".

De este modo, según ha señalado Gálvez, "la Iglesia ha obtenido la privatización de esos bienes públicos sin el conocimiento de la población en general ni de sus representantes públicos".

Un inventario

Por ello, la juntera de EB ha pedido a la Diputación que, una vez realizado el inventario de documentación y analizado su contenido, se presenten las conclusiones del mismo en las Juntas Generales y que, en aquellos casos en donde quede demostrada o pueda demostrarse judicialmente la propiedad del edificio o terreno por parte del ayuntamiento o concejo, comunique ese hecho al ente local correspondiente para que pueda, en su caso, reclamar la propiedad.

Además, ha solicitado a la Institución foral que inicie todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso del Territorio, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en la misma o similar situación.

Finalmente, y de acuerdo con la Ley Hipotecaria, propone que se matriculen como bienes públicos y a nombre del ayuntamiento o concejo correspondiente, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que se encuentren sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados.