Respuesta rápida

Durante 14 años, las sucesivas corporaciones intentaron llegar a un acuerdo con el propietario de la gasolinera para que cediera sus terrenos y terminar así con el litigio. Sin embargo, nadie recurrió a la expropiación forzosa. Y esto es lo que baraja el actual Gobierno para salvar los edificios: expropiar los 6.000 m2 de gasolinera y ponerlos, «sin carga alguna», a nombre de los promotores para que hagan los pisos que les corresponden. Una operación que debe ser rápida y eficiente.

En el caso de Jacinto Benavente, aún hay esperanzas, ya que el auto permite al Concello presentar un recurso de casación que, si no consigue paralizar el derribo, al menos retardará una sentencia definitiva.

Pero si el Gobierno municipal no esquiva ninguna de estas dos sentencias y las que quedan por venir –Piricoto en Castrelos, apartoteles de Samil y los chalés de Canido–, se verá obligado a hacer frente al pago de unas indemnizaciones millonarias.

Con el nuevo Plan

Mientras, el Concello sigue insistiendo en que la aprobación del nuevo Plan Xeral sería la panacea para evitar esta serie de situaciones, ya que regulariza las viviendas que ahora son ilegales.

Posibles sanciones

Si el Gobierno local no consigue que sus maniobras funcionen y se opone a los derribos, a pesar de las sentencias, las consecuencias para la ciudad podrían ser todavía peores. Mientras que el TSXG podría pasar las diligencias a un Juzgado de Instrucción y demandar al Concello por un delito de desobediencia, la Xunta, en un caso extremo, podría retirarle las competencias urbanísticas como ocurrió en Gondomar.