Especialistas en el desarrollo y aplicación de la nueva Ley de Evaluación Ambiental han destacado en la jornada organizada por la empresa andaluza Inerco en Sevilla que someter la fracturación hidráulica ('fracking') a procedimiento de evaluación ambiental ordinaria hace que "España se sitúe a nivel legislativo por delante de Europa", de forma que con esta legislación "se incrementan asimismo las garantías necesarias ambientales y de seguridad para el desarrollo de proyectos que emplea el 'fracking'".

Según indican los organizadores de la jornada en una nota, la Comisión Europea adoptó la semana pasada, en el marco de las políticas energéticas y climáticas, una recomendación —documento que no obliga a las medidas que contempla— con el objetivo de "garantizar una protección adecuada del medio ambiente y del clima en lo que respecta a la fracturación hidráulica ('fracking')".

La Ley de Evaluación Ambiental tiene entre sus objetivos "simplificar el procedimiento de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, evitar diferencias territoriales dentro del país y aumentar la seguridad jurídica de los promotores". En este sentido, los intervinientes en la jornada —entre ellos, Manuel Torres Herrera, diputado ponente de la Ley de Evaluación Ambiental— han destacado que en España existen actualmente en torno a 10.000 proyectos de inversión pendientes de autorización ambiental; entre ellos, proyectos de interés nacional o autonómico que supondrían relevantes inversiones y creación de empleo.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en vigor desde el pasado mes de diciembre, unifica dos mecanismos de protección ambiental, esto es, la evaluación ambiental de planes y programas, y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Hasta ahora, cada uno de estos dos instrumentos se regulaba en su propia ley.

La nueva ley pretende "ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental, mediante la simplificación de los procedimientos, el incremento de la seguridad jurídica, y la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en España". La norma nace con el objetivo de "agilizar los trámites que conlleva actualmente toda la normativa referente a planes y programas y a impacto ambiental de proyectos".

Además de unificar normativas, otro de sus objetivos es "incrementar la seguridad jurídica de los promotores, ya que garantiza que éstos puedan conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación del correspondiente plan, programa o proyecto".

La ley "incrementa así la seguridad jurídica mediante una legislación homogénea, que promueve la unidad y la integración en materia de evaluación ambiental en todo el territorio nacional". El texto da a las comunidades autónomas un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general a esta norma.

Análisis y debate

Cerca de un centenar de representantes de la Administración y de las principales compañías industriales de España analizaron y debatieron los retos que la puesta en práctica de la nueva normativa plantea para el sector industrial nacional.

El programa de la jornada abordó la tramitación de la Ley, tema expuesto por el diputado ponente de la Ley de Evaluación Ambiental, Manuel Torres Herrera.

Por su parte, el coordinador académico de la Cátedra Inerco y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, Eladio Romero González, describió el nuevo marco regulador de la evaluación ambiental de proyectos, planes y programas.

Asimismo, la directora de la División de Medio Ambiente, Esther Valdivia Loizaga, analizó los retos y oportunidades de la aplicación práctica de la Ley y de Evaluación Ambiental, el caso particular de los desmantelamientos y las relaciones con la Autorización Ambiental Integrada (AAI).