Mossos y Guardia Urbana
Agentes de los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona, juntos por las calles de ciudad. ACN /ARCHIVO

El Ayuntamiento de Barcelona reclama 155.000 euros a un pensionista en el paro, viudo y con dos hijos a su cargo, que fue multado por la Guardia Urbana y promotores ambientales en 364 ocasiones por colgar carteles en los que se ofrecía a hacer mudanzas y traslados desde 2010 hasta ahora.

Sin embargo, el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona (IMHB) no le notificó las sanciones y el recargo hasta diciembre, cuando fue a pagar el impuesto de circulación de su vehículo, lo que supuso un duro golpe para Miguel. "Está hundido y sumido en una depresión", explica a 20minutos.es su abogado, Roberto Castro.

El consistorio no le envió las multas al no localizar su domicilio pero tenía su teléfono"Es una familia que no llega a fin de mes y por eso buscaba un sobresueldo haciendo mudanzas", agrega. Miguel está en paro y sólo percibe una pensión de viudedad inferior a mil euros con los que debe mantener a sus dos hijos, de 14 y 19 años, y afrontar el alquiler del piso en el que viven.

Por eso colgó carteles en Barcelona sin saber que está castigado con multas de 375 euros si son menos de cinco anuncios y 500 euros si se detectan cinco o más. La Guardia Urbana y los promotores ambientales de la ciudad abrieron hasta 364 expedientes sancionadores.

Sin embargo, hasta hace un mes no le notificaron las sanciones porque, según fuentes municipales, no localizaron su domicilio aunque tenían su número de teléfono pues aparecíaen el anuncio. "El IMHB sigue unos protocolos para notificar las sanciones", añaden. Este jueves, el consistorio ha matizado que la primera sanción se impuso el 9 de abril de 2010 en el distrito de Horta-Guinardó pero Miguel se negó a firmarla. Lo mismo ocurrió el día 20 de ese mismo mes y no le pudieron notificar las multas porque no le encontraron en los domicilios que constaban en su DNI ni en varios registros públicos.

Pagando 50 euros al mes, se tardarían cuatro generaciones en saldar la deudaLas policías locales de Sant Cugat del Vallès, Gavà y Terrassa (Barcelona), donde también colgó anuncios, sí usaron el teléfono para contactar con él y advertirle que estaba prohibido fijar carteles en la vía pública pero no le sancionaron. "Usaron el sentido común", afirma Castro.

"Cuando multas 300 veces a alguien, sabes que le estás hundiendo en la miseria", lamenta el letrado, quien ha presentado un recurso por duplicidad de defectos de forma en la resolución vía embargo del IMHB. Tampoco descarta pedir ayuda a la Síndica de Greuges (defensora del pueblo) de Barcelona, pues "pagando 50 euros al mes, se tardarían cuatro generaciones en saldar la deuda".

Confía en que la presión mediática, "saque los colores al consistorio" y levante el castigo o que si es condenado, Miguel sea indultado "igual que se indultó a la mujer que compró pañales con una tarjeta de crédito que había encontrado". En cualquier caso, el IMBH está estudiando las alegaciones presentadas y revisará las sanciones.

La Síndica defiende reformar la ordenanza porque no es efectiva con algunos colectivosEste jueves han presentado el caso a la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, quien ya ha solicitado el expediente al Ayuntamiento. Ha explicado que ya habían recibido alguna queja similar pero "nunca por cantidades tan exageradas" y espera poder encontrar una solución como en otras ocasiones, por ejemplo, agrupando las sanciones en una por una infracción continuada, lo que reduciría sustancialmente la multa. "Es como si abre un bar sin licencia, se le sanciona por no tener licencia no por los cafés y los cruasánes servidos", ha señalado.

Asismismo, cuando presente el balance de 2013, pedirá al consistorio que revise la Ordenanza de Civismo, en vigor desde hace ocho años, pues resulta ineficaz con algunos colectivos vulnerables como el de Miguel o los indigentes. "Está prohibido dormir en la calle o asearse en las fuentes pero a veces no tienen otra opción y no pagan las multas. Hay que trabajar más desde los servicios sociales", ha reclamado.

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