El conseller de Cultural, Ferran Mascarell, ha detallado este viernes la propuesta de impuesto a las compañías operadoras de Internet, que gravaría cada contrato de Internet para obtener fondos para el sector audiovisual catalán.

Mascarell ha concretatado que el tributo supondría 0,25 euros al mes por cada conexión a Internet que contratan las operadoras en Cataluña, lo que permitiría recaudar 20,5 millones anuales a la Generalitat, según cálculos del departament de Cultura.

El impuesto, que no afectaría en ningún caso la tarifa del usuario, podría entrar en vigor "antes del verano".

La opción de gravar la "conectividad digital" se ha impuesto a otras opciones que se habían estudiado, como una tasa añadida a las entradas.

La Generalitat cobrará un total de 3 euros al año a las compañías operadoras de internet por cada conexión contratada en Cataluña. El conseller ha explicado que se trata de un nuevo tributo, denominado impuesto a los operadores proveedores de contenidos por internet para el fomento del sector audiovisual.

Mascarell ha indicado que las principales operadoras del sector como Telefónica, Ono, Vodafone y Jazztel estudian la propuesta, a la que en principio son contrarias, según dieron a conocer hace unos meses en un contundente comunicado.

La asociación de operadores con red propia REDTEL, que aglutinaba desde 2007 y hasta el pasado día 26 de noviembre a Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, emitieron un comunicado tras el primer anuncio realizado por la Generalitat sobre el impuesto. Las cuatro operadoras rechazaron en este escrito oficial "de manera unánime y contundente" la propuesta y se mostraban dispuestas a acudir a los tribunales en caso de que prosperara.

El texto decía textualmente que "esta medida, de llegar a concretarse, supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. Esta medida (...) vendría a sumarse a una serie de figuras tributarias totalmente injustas y arbitrarias que detraen fondos para financiar temas ajenos a las actividades propias de los operadores".

Sin embargo, Mascarell, en un encuentro con periodistas esta mañana, se ha mostrado optimista de cara a llegar a un acuerdo, aunque no ha dudado de que "habrá debate". A su juicio, de todas maneras, se trata de empresas de "fuerte recorrido, a las que les va a tocar pagar entre siete y ocho millones de euros, por lo que no las desfalcaremos".

Respecto a las razones que llevan a la Generalitat a la implantación de este nuevo tributo ha argumentado que es "necesario fortalecer y ayudar a la producción propia audiovisual, como ocurre en otros países europeos cuando expresan la excepción cultural para defender en positivo su legado cultural y lingüístico".

Ha reconocido que el gobierno catalán no dispone "de todos los mecanismos necesarios para proteger la lengua y la cultura catalanas" y no ha escondido que en los últimos tiempos diferentes factores han confluido en el descenso de financiación para las producciones audiovisuales.

En este punto, ha indicado que en apenas once años -entre 2001 y 2012- los espectadores en las salas se han reducido a la mitad, y ha destacado que las aportaciones de los presupuestos públicos también se han reducido a la mitad, subrayando que en el caso de los fondos procedentes del Ministerio, "en los últimos dos años han desaparecido".

"Podemos silbar -ha continuado- o afrontar la realidad. Y lo que nos gustaría es que las nuevas generaciones con ganas de hacer audiovisual y también los mayores lo puedan hacer. Si no espabilamos, en cambio, no podremos continuar haciendo frente a eso. El tributo está hecho para que se hagan buenas películas", ha concluido.

Por otra parte, ha dejado claro que, por ley, se garantizará que "las operadoras no repercutan el impuesto en el usuario final", encargándose la Agencia Tributaria de Cataluña "y los órganos competentes en materia de consumo" de vigilar por el cumplimiento del mandato.

Con lo que se obtenga se dotarán dos fondos, uno para el fomento de la industria audiovisual y otro para fomentar el acceso a internet a los equipamientos culturales y para el fomento de productos digitales sobre el patrimonio catalán.

Según el conseller, otras comunidades españolas ya se han interesado por el proyecto, y ha sostenido que el debate sobre el audiovisual como generador de riqueza es prioritario en toda Europa, donde han analizado sistemas como el francés, el alemán o el inglés.