El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales cuyo objetivo, según el Gobierno, es garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural. Así, el proyecto de Ley pretende desarrollar y actualizar "los pilares" que constituyen la esencia de estos enclaves, refuerza la conexión y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y asegura un marco "adecuado" para la conservación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha destacado que el anteproyecto, que se remitirá a las Cortes nacionales, contempla "mayores mecanismos" de protección del medio ambiente.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete —también presente en la rueda de prensa— ha destacado que España es "pionera" en la creación y gestión de estos espacios y ha indicado que la nueva ley "respeta las competencias de la CC.AA" pero "da unidad al sistema", además de prestar especial atención a las superficies de aquellos parques que ocupan más de una comunidad, entre otras novedades.

Según el borrador del anteproyecto de Ley con fecha del 10 de enero, la norma revisa también el procedimiento de declaración, de forma que la propuesta de un nuevo parque se realizará de forma conjunta por las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación.

Además, integra a los titulares de derechos en parques nacionales en la propia conservación del enclave y les reconoce la capacidad de realizar actividades económicas o comerciales, "en especial las relacionadas con el uso público o el turismo rural" y les otorga su "adecuada presencia institucional" en los actos de la proyección de parques ante la sociedad. El borrador de la norma contempla ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica.

Al mismo tiempo, según el texto, se protege aquellos usos y actividades tradicionales practicadas de forma histórica por propietarios, usuarios o residentes locales, que sean compatibles o necesarios para la gestión. Igualmente se prevé la creación de la marca Parques Nacionales de España como "identificador común de calidad para las producciones de estos espacios".

Para ser declarado Parque Nacional, un enclave debe cumplir una serie de requisitos, como tener una superficie mínima de entre 5.000 hectáreas si son terrestres insulares a 20.000 hectáreas si son peninsulares o bien parques nacionales en aguas marinas.

Estas superficies deben representar notoriamente alguno de los grandes sistemas naturales, ser una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos para que sus sistemas evolucionen de forma natural o con la mínima intervención humana.

Para su preservación, de acuerdo con el texto, serán incompatibles las actividades de pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala para fines comerciales. Sin embargo, el proyecto contempla que, por motivos de gestión y de acuerdo al mejor conocimiento científico, la administración del parque "podrá programar actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats".

Esta es una de las cuestiones más criticadas por las organizaciones ambientales que consideran que puesto que la norma no cambia respecto a la de 2007, bajo la figura de control de poblaciones se van a poder organizar monterías y reclaman que esta gestión sea realizada únicamente por las guarderías de los parques.

Igualmente, son incompatibles los aprovechamientos hidroeléctricos, las vías de comunicación y las redes energéticas, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social, siempre que no haya otra solución.

También prohíbe el vuelo sin motor a menos de 3.000 metros de altura salvo causa de fuerza mayor y prohíbe cualquier opción de urbanización o edificación. Sin embargo, se establece una disposición adicional por la que en la Sierra de Guadarrama esta prohibición, por causa mayor, queda reducida a 500 metros para las aeronaves comerciales y añade que se estudiarán los vuelos de aeronaves sin motor para determinar las cotas, periodos y zonas donde la actividad no resulte incompatible con la conservación de los recursos del parque.

Otra de las singularidades es que se permitirá la navegación en las aguas del Parque Nacional de Monfragüe para "difundir los valores naturales" de este enclave. Así, en caso de existir actividades incompatibles las administraciones deberán adoptar, preferentemente mediante acuerdos voluntarios, las medidas precisas para su eliminación dentro del plazo legal.

La ley abre la puerta a los recursos privados mediante el impulso de instrumentos público-privados que permitan la incorporación de recursos financieros adicionales para la gestión de la Red de Parques.

Por otro lado, el Estado podrá asumir iniciativa propia o por petición de la comunidad autónoma la declaración del estado de emergencia del parque para impedir que se produzcan daños irreparables.

El Gobierno también podrá intervenir en caso de que el parque nacional se encuentre en estado desfavorable y que los mecanismos de coordinación no resultaren eficaces para garantizar su conservación.

El texto suprime la referencia al voluntariado que incluía el borrador anterior, a petición del Consejo de Estado y ahora apunta que se prestará especial atención a la implicación social. Además, asegura por ley que se adaptarán los parques para el disfrute por parte de personas con discapacidad.

Por otra parte, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han mostrado su desacuerdo ante el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales, ya que, a su juicio, la nueva normativa reduce el nivel de protección y puede dar lugar a "espacios temáticos", en lugar de parques naturales.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha asegurado que la aprobación de esta ley "pone en riesgo a la red de Parques Nacionales" y ha enumerado la presencia de "aspectos dudosos", entre los que ha destacado el hecho de que se rebaje el nivel de protección lo que repercute en "la eficacia" para proteger la red de espacios naturales.

Además, ha lamentado que la normativa "permite actividades que eran incompatibles hasta ahora" como el fomento de actividades económicas buscando la rentabilidad, la inclusión de los titulares de derechos en la participación social o la modificación de leyes autonómicas.