La crisis en la República de Guinea, que ya dura semanas, ha dejado más de cien muertos entre los manifestantes que piden la dimisión del presidente, Lansana Conte, a manos de militares y policías, en un conflicto que ha radicalizado la división entre la clase dirigente y la sociedad civil.

Desde su independencia de Francia, en 1958, el país tuvo sólo dos presidentes. El actual, Lansana Conte, está en el poder desde 1984: entró al frente de una junta militar, pero desde 1993 se mantiene ganando elecciones, aunque su manera de ejercer es poco democrática.

Guinea es un país rico en minerales, pero la población ve muy poco beneficios de tan lucrativo comercio: la falta de trabajo y el bajo nivel de vida han hecho que la sociedad civil diga 'basta'.

La escalada de violencia en Guinea comenzó a principios de enero, cuando los sindicatos y organizaciones sociales convocaron una huelga general y manifestaciones de protesta para exigir un nuevo plan económico que saque al país de la crisis que atraviesa desde hace varios años.

En algunos barrios de la capital, Conakry, es difícil salir a la calle. El presidente ha declarado la ley marcial y el toque de queda el pasado martes: a las 6 de la tarde ya no se puede salir de casa.

Además, se adoptaron una serie de medidas de excepción, como el aumento de los poderes de las fuerzas armadas, la autorización de registros de edificios y viviendas sin necesidad de mandato judicial y restricciones a la prensa.

Muchos países están enviando aeronave a guniea para evacuar a sus ciudadanos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que apoya a los centros hospitalarios de Guinea, abasteciéndolos de medicamentos y material quirúrgico, particularmente en el caso del hospital Donka, ubicado en Conakry, que ha recibido el mayor número de heridos en las últimas semanas.

El CICR deploró que la actual situación de violencia suponga un serio obstáculo para el desarrollo de sus actividades, entre las que también destaca la asistencia alimentaria.

Según la organización, la crisis ha causado un rápido deterioro en el nivel de vida de las familias guineanas.

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada la suspensión temporal de todas sus operaciones en Guinea debido al aumento de la violencia y tras denunciar los robos en tres de sus almacenes, por un valor de 270.000 euros.