La Junta de Andalucía ha atendido a más de 23.500 personas gracias al Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, que se aprobó, según el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, "para crear una red de seguridad que logre paliar las situaciones de emergencia que sufren los colectivos más vulnerables".

Ruiz Espejo, junto al delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Daniel Pérez, han hecho balance este lunes de las medidas puestas en marcha gracias a este decreto, que ha garantizado "una alimentación adecuada a más de 10.200 menores en la provincia", ha indicado.

Las medidas del decreto, como ha recordado el delegado de Gobierno andaluz, han permitido "fomentar el acceso a la contratación como principal elemento de integración e inserción social". Así, ha contemplado, dentro del Plan Extraordinario de Acción Social, el Programa de Ayuda a la Contratación, que incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral por un periodo de entre 15 días y tres meses para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad.

En Málaga, todos los ayuntamientos de los 101 municipios solicitaron adherirse a las ayudas contempladas en el programa, dotado con 7,8 millones de euros. En este momento, está totalmente abonado a los ayuntamientos, que tenían como límite establecido en el propio decreto para formalizar los contratos el 4 de noviembre pasado, ha apuntado.

Aunque aún no se puede realizar un balance del número de contrataciones que se han realizado porque el límite para la justificación por parte de los consistorios es mayo de 2014, Ruiz Espejo ha adelantado que hasta la fecha y con datos de 47 municipios —el 46,53 por ciento del total de participantes—, se han realizado 2.312 contratos.

Por su parte, Daniel Pérez ha destacado que "Málaga, es tras Sevilla la segunda provincia andaluza con mayor partida presupuestaria para realizar contratos temporales a personas con riesgo o en situación de exclusión social, que llevan más de un año en situación de desempleo y con ingresos menores en la unidad familiar a la que pertenezca al 1,5 del Iprem".

El perfil de las personas contratadas es el de una mujer en el 53,46 por ciento de los casos, con una franja de edad entre 25 a 45 años, que vive en pareja con uno o dos hijos a su cargo y cuya duración del contrato es superior a dos meses —en un 61,89 por ciento de los casos—.

Plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria

El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. La situación "es común a las del resto de las comunidades españolas, con la diferencia de que el Gobierno de Andalucía detecta las necesidades y establece las medidas necesarias para atenderlas", según Ruiz Espejo.

Dotado con 1.187.000 euros, ha funcionado a modo de red con el objetivo de aglutinar todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta de Andalucía como de los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se les ha reforzado su labor.

Gracias a él se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que actualmente están trabajando en este ámbito —comedores, economatos sociales, provisión directa de alimentos—. Dentro de esta población, hay dos colectivos de mayor incidencia, en los que se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad, como son los niños y los mayores.

Para los menores hay varias líneas de ayudas específicas que suman 1.112.000 euros, han explicado. La primera es la ampliación de las Ayudas Económicas a las familias, dotadas de 750.000 euros, que se articulan a través de convenios con las entidades locales y son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos.

Están dirigidas, han apuntado, a la prevención, reducción o supresión de factores que generan situaciones de dificultad social para los menores con el fin de evitar su institucionalización y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. La ampliación de estas ayudas está permitiendo atender a 3.200 familias y 6.200 menores más.

La segunda línea es el reparto de tres comidas diarias en los comedores de los centros escolares, que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social. Hasta ahora son 4.060 los que se benefician en la provincia de esta medida, que ha contado con un presupuesto de 362.000 euros. Para determinar las personas a las que se garantiza esta prestación es necesario un informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar.

El delegado de Igualdad ha recordado que el programa de garantía alimentaria, que comenzó en los comedores escolares en junio, "se mantuvo en las Zonas con Necesidades de Transformación Social durante el periodo estival para atender a alrededor de 1.000 menores en 12 escuelas de verano, incrementando gracias a la aplicación del decreto estas escuelas en la provincia en 10 nuevos centros".

Para otro de los colectivos más dañados por la crisis, los mayores, se ha reforzado con 75.000 euros el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa donde se han ofrecido, hasta el momento, más de 21.151 comidas bonificadas al 50 por ciento.

El decreto contemplaba una serie de medidas para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y se ha ampliado presupuestariamente.

Para este programa se han presentado este año 13.165 solicitudes y se han concedido 10.181 salarios sociales, para lo que se han destinado más de 17,4 millones de euros. Durante 2012, se beneficiaron de estas ayudas 5.392 unidades familiares para lo que se destinó un presupuesto de 12,19 millones de euros.

Ayuda a domicilio

El Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 2,15 millones, ha permitido a través de ayudas a las entidades locales el mantenimiento de la dimensión horaria de la oferta de ayuda a domicilio. Así, se ha dado cobertura a las necesidades de la población con esta prestación y, además, se ha evitado la pérdida de empleo en el sector a consecuencia de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012.

La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio financiado con cargo a este programa se ha determinado en número de horas de atención mensual, según las necesidades de la persona y del informe social, con un máximo de 20 horas mensuales. Se llevará a cabo mediante la transferencia de financiación a los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones.

Según han explicado, la situación económica que la ciudadanía continúa padeciendo en 2014 "hace necesario que el Gobierno andaluz prorrogue las medidas recogidas en el Decreto con el objetivo de atender las necesidades de la población más vulnerable y continuar luchando contra el riesgo de exclusión social".

Por este motivo, la Junta de Andalucía destinará 164 millones de euros para 2014, manteniendo la dotación presupuestaria para las líneas incluidas en el Decreto, como son el Plan Extraordinario de Acción Social, que apuesta por el empleo como fórmula para evitar las desigualdades y la exclusión social; así como la consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio; la garantía alimentaria para los andaluces y el Ingreso Mínimo de Solidaridad.