Mercedes Alaya, la jueza que investiga el caso de los (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía, ha imputado este lunes cuatro delitos a dos exsecretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Considera que ambas habrían facilitado la inclusión de intrusos vinculados al PSOE y habrían sido conocedoras y "partícipes" de la tramitación de expedientes con los que "se estarían repartiendo a discreción miles y miles de euros de fondos públicos".

María Ángeles Gala y Rocío Sayago comparecieron este lunes ante la magistrada, que les ha imputado un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos, según el acta de sus comparecencias.

Al término de sus comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 220.000 euros para Gala y de 80.000 euros para Sayago, petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias.

Sayago se ha acogido a su derecho a no declarar. Gala hizo lo mismo tras responder a dos preguntas de la jueza, alegando que se encontraba mal, pero sí ha respondido a varias preguntas formuladas de su letrado.

El abogado ha expresado su protesta por entender que, en la transcripción de las respuestas, "no se ha recogido con fidelidad las palabras que manifestaba, siendo repreguntada, reconvenida y advertida de lo conocido por la investigación", lo que "afectaba a su derecho a declarar lo que quiera y con plena libertad".

Alaya ha contestado que "se hace constar que exclusivamente se le ha advertido de que el objeto de las presentes actuaciones son los expedientes de ayudas sociolaborales, a la vista de que estaba mezclando expedientes sancionadores y la tramitación de los mismos con los expedientes de subvenciones", momento en el que la defensa ha lamentado que "no sea posible consultar una grabación videográfica que permitiera conocer a terceros el contenido preciso de la declaración hasta este momento".

Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido "conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, con absoluta ausencia de cualquier orden procedimental e iter cronológico" y con "la carencia de los elementos indispensables", todo ello "a sabiendas de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos".

Además, las imputadas "serían conocedoras de los numerosos intrusos en pólizas de prejubilaciones" de distintas empresas, entre los que cita a José Antonio García Prieto, Ricardo Medina Barrios y José Acevedo López, "militantes del PSOE de Camas que acudirían en comandita a ver a Guerrero a su despacho en la Dirección General de Trabajo", así como a Juan Manuel López Espadas, "también militante del PSOE de Camas que acudiría al citado despacho con el cuñado" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La jueza también alude al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien "se consiguió una ayuda" gestionada por ambas imputadas, a quienes también les atribuye haber sido "plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados" y del "presunto tráfico de influencias" del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero "y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros".

En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido, "a través de la influencia ejercida sobre Guerrero y del contacto que tenía con Lanzas", que "su amigo" José Luis Llorente Herrero fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell de 6 de junio de 2008, a quien "por mediación" de Lanzas "se le haría en la citada empresa un contrato de trabajo simulado" que supuso un coste para la Junta de 165.585,75 euros.

A preguntas de su abogado, Gala ha explicado que "cuando salta a la prensa todo este tema y lee que su jefe ha podido cometer actos ilegítimos, se asusta por si le puede afectar por estar trabajando a su lado y que pudiera perjudicarle el haber difundido el currículum" de José Luis Llorente, "y es por eso que habla con él para que diga que no la conoce".

A este respecto, ha dicho que en esta época su marido se encontraba en paro "y en ningún momento se le pasó por la cabeza pedir un trabajo para él, entre otras cosas porque el perfil de su marido no encajaba en la Administración", mientras que el de José Luis Llorente sí.